El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol han presentado este lunes sendas querellas en el juzgado de guardia de Barcelona por las informaciones publicadas en "El Mundo" sobre la existencia de cuentas personales en paraísos fiscales a nombre de ambos políticos a las que se desviaba parte de las supuestas comisiones ilegales del 'caso Palau'.
Las dos querellas van dirigidas contra los periodistas del diario Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta y contra Unidad Editorial por un delito de injurias y calumnias, y según CDC, los querellantes y el partido "están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su honorabilidad", según ha informado CDC en un comunicado. Se trata de unas informaciones que "no solo son mentira sino que pretenden lesionar gravemente el honor del presidente Artur Mas y del presidente Jordi Pujol con la intención clara de perjudicar todo lo que representan, dentro de un contexto electoral".
Las querellas se reservan la posibilidad de dirigir la acción penal y civil contra los que pudieran resultar imputados en calidad de autores e inductores en el transcurso de las diligencias. Según los dos escritos, en los artículos en que supuestamente se destapa que las presuntas comisiones que cobraba CDC a través del Palau por adjudicar a dedo obra pública iban a parar también a las fortunas personales de ambos políticos "contienen expresiones falsas y gravemente lesivas para el honor" de los afectados.
Las querellas consideran que el comunicado del juez que instruye el caso después de la publicación de las informaciones --en el que negaba haber encargado dicho informe ni conocer que se estaba elaborando-- pone de manifiesto que los periodistas no han efectuado ninguna comprobación diligente a fuentes judiciales, y que el informe "o es falso, y se trata de una mera mistificación elaborada por los periodistas o un tercero, o es ilícito" y al margen de un control judicial. "La calumnia y su gravedad no dependen únicamente de los párrafos trascritos, es la interrelación sobre el contenido del supuesto informe y las aportaciones de la mano de los autores, que configuran las injurias y calumnias en su conjunto", prosigue el escrito.
Para demostrar que las informaciones publicadas son "falsas", los demandantes proponen que se les tome declaración a los querellados, el inspector de la Policía Nacional que firma el anterior informe policial sobre el caso que sí consta en la causa del Palau, y a Arturo Fasana, citado en la noticia e imputado en la trama Gürtel. También propone una comisión rogatoria internacional para que se informe de la existencia de cualquier cuenta bancaria en Suiza y Liechtenstein donde aparezcan como beneficiarios o autorizados tanto Pujol como Mas.
QUERELLA DE PUIG
El consejero de Interior, Felip Puig, también prevé interponer una querella por la noticia publicada este lunes en el diario en la que afirman que recibió 250.000 euros de la trama del Palau, y que en los archivos intervenidos a Félix Millet se indicaba que lo había cobrado en "efectivo en su casa en el Golf de Vallromanes".La Dirección General de los Mossos d'Esquadra, en un comunicado, ha tachado de "rotundamente falsas" las informaciones que aseguran que mandos de la policía catalana destruyeron algunas pruebas y otras las ocultaron al juez.
Aseguran que "todas las actuaciones del Cuerpo de Mossos d'Esquadra relativas a la investigación del caso Palau se han realizado sobre mandato judicial y cumpliendo escrupulosamente todas las indicaciones del juez instructor y el fiscal".Además, señalan que todas las pruebas e indicios relacionados con la instrucción han sido entregadas al juez instructor, "sin que en ningún caso se hayan escondido o destruido elementos que puedan implicar a ninguna persona".
"El Cuerpo de Mossos d'Esquadra no tiene conocimiento de ninguna información anónima, con fecha del 24 de noviembre de 2011, sobre el caso Palau de la Música y que tampoco ningún testigo haya declarado ante los agentes del Cuerpo en relación a este anónimo".Por ello, ante las "graves falsedades" y para defender el honor y la credibilidad de los Mossos, ejercerán las acciones legales que permite la legislación vigente y contra los responsables de las informaciones.
