Tras las declaraciones, ayer, de Francisco Granados, la Audiencia Nacional ha confirmado la unión en una sola causa, la Púnica, de todo lo referente a la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
Esto afecta a una pieza de Lezo. Con lo que Ignacio González, técnicamente, ahora pasa a ser también imputado en Púnica, aunque no por nuevos indicios delictivos sino por la unificación de la causa dictada.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, da un plazo de 10 días para que se persone el expresidente de la Comunidad, junto a su abogado, en la causa.
El juez investiga una presunta financiación paralela de las campañas de 2007 y 2011.
EL EXCONSEJERO DELEGADO DE MINTRA CITADO ESTE MIERCOLES A DECLARAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El exconsejero delegado de la entidad pública Madrid Infraestructuras del Tranportes (Mintra) Jesús Trabada declara este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, por presuntos amaños en la adjudicación de obras del Metro de Madrid en 2004 cuando Francisco Granados dirigía la Consejería de Transportes. El juez acordó citarle a las 11.00 horas en calidad de investigado por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Expone que los contratos para la construcción de tres lineas de metro fueron adjudicados desde la extinta Mintra, donde ejerció como consejero delegado entre los años 2003 y 2001 y que tenía conocimiento de dicha operativa.
En su escrito acordó también tomar declaración a otros implicados en la trama, entre ellos el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y su yerno el empresario Javier López Madrid, quienes en sede judicial negaron haber efectuado pago alguno de manera irregular al PP madrileño a cambio de conseguir contratos públicos.
López Madrid, por su parte, rechazó haber participado en un concierto con Granados y el presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, para hacerse con las obras del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Igualmente descartó haber cobrado ninguna comisión por la operativa y dijo que las facturas corresponden a asesoramiento inmobiliario.
CONFESION DE DAVID MARJALIZA
El magistrado acordó citarles tras la última confesión judicial de Marjaliza el pasado mes de enero cuando dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de estas obras de Metro Ligero.
EL juez explicó en su auto que de las pesquisas desarrolladas se deduce que Granados, "abusando de su posición" al frente de la Consejería de Transportes, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum (vinculada a Marjaliza) a cambio del pago de "importantes comisiones". Javier López Madrid habría aportado las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.
Las intervenciones telefónicas acordadas en la causa revelaron que Trabada constituyó la mercantil Bustren capitalizada con el dinero procedente de las comisiones ilícitas de López Madrid, Marjaliza y Granados, esste último a través de quien fuera durante muchos años su jefe de gabinete y testaferro, Ignacio Palacios.
