La Audiencia Nacional confirma que no hubo terrorismo en la agresión de Alsasua
Sin embargo, ha certificado el agravante por discriminación ideológico contemplado en primera instancia
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha corroborado este jueves que la agresión de ocho jóvenes a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 no se trató de un caso de terrorismo, según fuentes jurídicas.
Esta sentencia revisaba el fallo de la sección primera de lo Penal, que en junio condenó a los ocho acusados de participar en esta agresión por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, amenazas y desórdenes públicos. Ahora la Sala de Apelación -compuesta por Enrique López, Eloy Velasco y José Ramón Navarro- mantiene las penas de entre 2 y 13 años de cárcel para los acusados impuestas por la sección primera, excepto en el caso de Iñaki Abad, al que se le han reducido dos años de condena al observar que había cometido dos delitos de lesiones y no tres.
Sin embargo en la nueva sentencia, que ha contado con la ponencia del presidente de la Audiencia Nacional José Navarro, se ha descartado que los hechos fueran de carácter terrorista, rechazando los recursos de las defensas y de la Fiscalía, que pedía aumentar las condenas por la supuesta finalidad terrorista de la agresión.
Por otro lado, ha certificado el agravante por discriminación ideológica contemplado en primera instancia, que impide aplicar las penas mínimas por los delitos atribuidos. Para contemplar este agravante, el tribunal se ha basado en la sentencia del Supremo por la que condenó dos ataques realizados por razones ideológicas: el ataque ultraderechista a la delegación de la Generalitat de Cataluña, ocurrido en Madrid en 2003, y el asesinato en 2011 de un simpatizante abertzale por un policía nacional y su hijo en Pamplona.
De esta manera, la certificación de este agravante por discriminación ideológica en el suceso de Alsasua, consolida la futura utilización de esta vía en ataques similares "como los que están teniendo lugar contra jueces o determinados políticos” en Cataluña, según fuentes judiciales.
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