La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia ante la "notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito" que dio lugar a la formación de este procedimiento.
De este modo, la sala estima el recurso de apelación interpuesto por estas 13 personas contra el auto del pasado mes de octubre por el que el juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Taula, procesó a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento por un delito de blanqueo, en el conocido como 'pitufeo' o pieza A, en las elecciones municipales de 2015.
Con esta decisión, contra la que no cabe recurso, el tribunal sobresee provisionalmente la causa para los exediles María Jesús Puchalt; Francisco Lledó; Vicente Igual; Lourdes Bernal; Félix Crespo y Beatriz Simón, y los asesores María Dolores Cubells; Juan Pedro Gómez Cerón; Ignacio Pou Santonja; José Navarro; Andrés Rodríguez Guisado y Manuel Mas.
CONTRADICCIONES
Al respecto, la sala señala que el artículo 301 del Código Penal, que regula este tipo de blanqueo, requiere una serie de requisitos que no se cumplen en este caso. Así, ve "contradictorio", en primer lugar, que el dinero para blanquear procediera de actos delictivos cometidos por Grau, como sostiene el juez, lo que "significa casi literalmente manifestar que éste tendría que haber hecho entrega del dinero a continuación" a García Fuster, que sería la que distribuyó ese dinero entre las 50 personas para el posterior blanqueo.
Es contradictorio porque el propio juez apunta que Grau no intervino este proceso dado que había dimitido por su investigación en el caso Nóos. Y de hecho, recalca la sala, el vicealcalde no figura como autor directo o cooperador necesario del blanqueo.
Además, considera "impensable" que Grau conservara en su poder los 50.000 euros durante ocho años --procedentes de la malversación atribuida y enmarcada en 2007-- "sin recolocarlos en ningún otro destino particular o de partido".
