La Audiencia ordena el arresto del ex presidente chino por genocidio

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

De esta manera, el juez acata la orden de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado noviembre instó a Moreno a que cursara las órdenes de detención de los cinco en contra de la opinión del propio magistrado, quien hasta hoy no había dado curso a este mandato del tribunal.

"Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana", según la querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del expresidente.

Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, el juez ordena, vía Interpol, la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.

Los cinco se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los respectivos autos en los que decreta su busca y captura y su orden internacional de detención. "Hallándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordenado por la sala y librar la orden internacional de detención, y en virtud a los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la prisión provisional, incondicional y sin fianza del mismo", afirma el juez en el caso del expresidente.

Las órdenes de detención de los exdirigentes chinos, que causaron en noviembre un "fuerte malestar" en el gobierno del país asiático, se producen un día antes de que el Congreso debata una proposición para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, que afectaría a este caso puesto que el querellante no tenía la nacionalidad española cuando se produjeron los hechos.

Según la querella interpuesta por dos asociaciones y un lama con nacionalidad española, que el juez reproduce en los autos, Jiang Zemin "promovió e implementó de forma activa políticas cuyo objetivo era poblar la región autónoma del Tíbet con una mayoría de etnia Han, detener a miles de tibetanos durante largos periodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales".

En este sentido, apunta que Jiang Zemin "sometió a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosas".

Durante los años en que el expresidente ocupó el poder, el pueblo tibetano fue sometido "a menudo y de forma generalizada a torturas" como resultado de una serie de Foros del Trabajo sobre el Tíbet que la querella considera parte de una "estrategia de la colonización" de la región "con el traslado masivo de población china".

Respecto al ex primer ministro Li Peng, explica que él y el Consejo de Estado "emitieron los decretos de la ley marcial para el Tíbet en marzo de 1989" y fijó, tras la muerte del X Panchen Lama, las condiciones para elegir uno nuevo bajo la aprobación del gobierno de Pekín.

En cuanto al exministro Peng Pelyun, la querella que ahora reproduce el juez recuerda que las políticas de planificación familiar en el Tíbet "no van dirigidas a reducir una sobrepoblación, sino simplemente a reducir la población de los tibetanos como grupo étnico y religioso".

Respecto al ex jefe de seguridad Qiao Shi, los querellantes recuerdan que es conocido por facilitar "la enorme represión de toda China tras la masacre de Tiananmen" y en el caso del Tíbet, tuvo que ver en la represión de manifestaciones con muertos y heridos.

El juez reproduce las afirmaciones de los querellantes de que bajo el gobierno de Chen Kuiyuan como ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet, "las desapariciones aumentaron enormemente tras los cambios en la administración penitenciaria que se hicieron en 1994, la represión y las fuertes restricciones sobre la actividad religiosa se desbocaron y se expulsaron del partido a numerosas personas de etnia tibetana".