El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha admitido hoy que llevó una contabilidad b en el PP, pero ha negado que las donaciones realizadas al partido tuvieran relación con las adjudicaciones de obras realizadas por las administraciones públicas en Baleares, o en cualquier otra autonomía. Así lo ha indicado durante la comisión de investigación de Son Espases en el Parlament, en la que ha comparecido desde videoconferencia desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión, y desde donde también ha lamentado que no le haya podido acompañar su abogado, Javier Gómez de Liaño.
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha insistido hoy, mientras ultima las gestiones para reunir los 200.000 euros de fianza que le ha impuesto la Audiencia Nacional para salir de la cárcel, en que llevó una contabilidad B en el partido con donativos de empresarios.
Un día después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal haya decidido suavizar con esa fianza la prisión de Bárcenas, el extesorero ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, donde lleva ingresado casi 19 meses, ante una comisión de investigación del Parlament balear.
En la comparecencia le acompañaba su todavía abogado, Javier Gómez de Liaño, que renunció a su defensa esta semana, y el letrado ha declarado a los periodistas congregados a las puertas de la prisión que está a punto de reunir la fianza gracias a la ayuda de familiares.
Bárcenas no puede usar su dinero para pagarla, puesto que tiene todas sus cuentas y bienes inmuebles bloqueados por su imputación en el caso Gürtel, por lo que debe recurrir a familiares y allegados para obtener los 200.000 euros que le ha impuesto la Audiencia Nacional al entender que la instrucción de Gürtel está en su última fase y ya no existe riesgo de fuga.
Según Liaño, el extesorero se está valiendo de su familia para conseguir el dinero. "Solo su familia, que es numerosa y que supongo que también generosa, estaba próxima a reunir la fianza", ha dicho a los periodistas, aunque ha eludido precisar la cantidad que el entorno familiar de Bárcenas podría haber reunido ya.
En el mismo día en que se afana por obtener los fondos, Bárcenas ha declarado por videoconferencia ante la comisión del Parlament balear que investiga el caso de corrupción en torno a la construcción del hospital palmesano de Son Espases.
LAPUERTA Y YO LLEVAVAMOS UNA CONTABILIDAD PARALELA
El imputado ha explicado, como ya hizo ante el juez Pablo Ruz, que él y el también extesorero Álvaro Lapuerta se hicieron cargo de unas cuentas ocultas en el PP: "llevábamos -ha afirmado- una contabilidad paralela", si bien ha desvinculado las donaciones que hacían empresarios, y que él anotaba en esa caja B, con adjudicaciones a sus compañías.
Hoy también se han conocido las penas que piden para Bárcenas varias acusaciones del caso Gürtel en la pieza separada sobre la primera época de la trama, que enjuiciará a 42 imputados por hechos ocurridos entre los años 1999 y 2005.
Una de ellas es la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, que también da por probada la existencia de una caja B en el PP de 1990 a 2008.
Para la Abogacía, "consta acreditada" la "llevanza" por parte Bárcenas, junto a Lapuerta, de "una contabilidad paralela o Caja B -denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido partido político entre los años 1990 a 2008".
Esta acusación pide para Bárcenas una pena de 62 años y 8 meses de prisión por 17 delitos fiscales de defraudación del IRPF y el Impuesto de Patrimonio entre los años 2000 y 2009, y le reclama también 11,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Otros escritos de acusación notificados hoy son los de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), así como del PSOE madrileño y valenciano, que ejercen los tres como acusación popular.
Adade reclama una pena de 31 años de cárcel para Bárcenas y también pide que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testifique en el juicio, mientras que el PSM quiere que se le condene a 50 años y el PSPV a 45 años.
