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Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que revoque su decisión de citar el próximo martes a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no existir "el más mínimo indicio" que la justifique "más allá de la voluntad libérrima" del magistrado. Asimismo, la Fiscalía de Madrid también ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado.

En el recurso presentado por el el abogado de Begoña Gómez, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Antonio Camacho tilda de "sorprendente" la resolución judicial que acuerda interrogar al presidente del Gobierno en La Moncloa en el marco de una "singular línea de investigación" abierta por el magistrado.

Y ha señalado que no tiene "ninguna duda" de que el presidente del Gobierno "quiere colaborar" con la Justicia, pero insiste en que no hay ningún motivo que justifique la "sorprendente" decisión del juez.

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Considera "inexistente" la fundamentación que hace el juez "de una diligencia tan trascendental, en un Estado de Derecho, como lo es la citación del Presidente de Gobierno" y pide al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que reconsidere su decisión.

El letrado argumenta que no hay una "mínima concreción" de los indicios que justificarían recabar la versión de Pedro Sánchez; en cambio, reprocha, el juez ha usado una fórmula inconcreta para "nada más y nada menos" que la "citación del máximo representante del Poder Ejecutivo por un miembro del Poder Judicial".

Explica que "solo hay una declaración" que hizo referencia a Pedro Sánchez, la que prestó como testigo el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos que se investigan y a quien el juez ha imputado recientemente.

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Camacho argumenta que Barrabés aludió a varias reuniones en La Moncloa: una enmarcada en una ronda de entrevistas con especialistas en innovación en la que no estaba Begoña Gómez y que formaba parte de las "reuniones de trabajo" de Sánchez, y otra en la que coincidió "un momento" con él y mantuvieron una "conversación muy breve".

La Moncloa, subraya, es "el domicilio actual y el lugar de trabajo" de Begoña Gómez y "de su cónyuge", y no ve "base alguna" para citar al presidente del Gobierno.

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Cuestiona, además, la decisión del juez de trasladarse a La Moncloa, en base a los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recoge la posibilidad de interrogar "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo" en su domicilio o despacho oficial.

La Fiscalía también recurre la citación de Sánchez como testigo: "¿Qué se espera?"

Por su parte, la Fiscalía de Madrid también ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado , al no verla necesaria, útil o pertinente.

"¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa? ¿Qué sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento? ¿Qué la conocía o que participó? ¿Qué colaboró? ¿Qué fomentó la actividad?", se pregunta el fiscal en el recurso presentado este martes.

En su opinión, "la parquedad" de la resolución dictada, con "errores", por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no permite saber qué es lo que busca el juez con la declaración del presidente del Gobierno, y además su "premura" al adoptar la decisión dificulta la tramitación de los recursos que podrían combatirla.

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Es crítico el fiscal al dejar claro que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, protegida en la Constitución, "no puede hacer de peor condición a quien ejerce un cargo público relevante (ni a su esposa)".

Aunque el presidente del Gobierno -añade- puede "ser objeto de las legítimas críticas en ámbitos variados, propios de una sociedad democrática, no debe verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto de ciudadanos".

Además, para el fiscal, "investigar la posible relación de la persona investigada con una autoridad resulta sencillamente incierto" porque "es notoria" la relación entre ambos.

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El PSOE y sus socios hablan de persecución política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de su ausencia durante toda la mañana en el Congreso de los Diputados, ha sido protagonista en los corrillos y valoraciones de los portavoces en los pasillos de la cámara .El PSOE y sus socios insisten en que hay una "trama de persecución política".

Así, el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, afirmó este martes que la citación como testigo del presidente obedece a que “los reaccionarios todavía no han superado” el Ejecutivo de coalición que salió de las urnas el 23 de julio del año pasado.

En su opinión, la situación en el caso de Begoña Gómez obedece “básicamente a que hay un juez que lleva más de tres meses investigando, no encuentra nada, recibe informes de la Guardia Civil que le dicen que no hay nada”.

Pese a ello, denunció, “decide seguir para adelante” al dictado “en primer lugar de un crepúsculo de extrema derecha que pone una querella siguiendo solo titulares de prensa y en segundo lugar llamando ahora a declarar como testigo al presidente del Gobierno” al dictado de Vox.

Por su parte, Gabriel Rufián, de ERC, ha opinado que la citación de Sánchez no se hubiera producido si estuviera regulada la figura de la pareja del presidente o presidenta del Gobierno.

Con esa regulación "se acabarían muchas historias", ha dicho Rufián, para quien "es absurdo que se cite a alguien por una reunión".

Preguntado si se trata de una persecución política, ha señalado que ellos ya advirtieron hace cinco o seis años que "el 'a por ellos' era 'a por todos'" y ha denunciado que eso incluye absolutamente a todos aquellos que no sean de la derecha o la ultraderecha".

Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Paxti López, ha recalcado que estamos defendiendo "la inocencia ante una trama de persecución política".

El PP pide que dimita

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno debería "poner su cargo a disposición de los españoles", ya que él y su Ejecutivo están "acorralados por la corrupción".