El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado hoy que el objetivo de déficit para las comunidades autónomas será este año del 1,3 por ciento. El anuncio del objetivo de déficit del 1,3 por ciento se produce un día antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se centrará en la presentación por parte del Gobierno a las comunidades autónomas del informe de la reforma de las administraciones públicas.
Beteta ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Pública (CNAL), que ha presidido hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro y a la que ha asistido el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna.
ANUNCIA MEDIDAS PARA 518 AYUNTAMIENTOS CON PROBLEMAS FINANCIEROS
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado en 518 los ayuntamientos con problemas financieros, para los que se han establecido medidas extraordinarias, mientras que ha estimado en 3.457 los que tienen superávit, que podrán destinarlo a inversiones.
El secretario de Estado ha señalado que una vez que se ha puesto de manifiesto que son 518 consistorios los que tienen problemas financieros se ha decidido abordar medidas para paliar estas circunstancias y se ha referido a los que tengan problemas no sólo de tesorería sino estructurales para el cumplimiento de sus obligaciones ordinarias.
"El sector local tendría 3.457 ayuntamientos en situación de superávit y 518 con problemas financieros", ha anunciado Beteta, antes de añadir que de éstos últimos "sólo 64 superan los 2.000 habitantes".
Por comunidades autónomas, ha explicado el secretario de Estado, 112 están en Andalucía, 94 en Castilla-La Mancha y 61 en la Comunidad Valenciana", lo que supone que estas tres autonomías aglutinan el mayor número de ayuntamientos con una situación económica complicada.
Entre las medidas establecidas para estos ayuntamientos con problemas, ha destacado la relativa al ámbito de participación en los tributos del Estado con anticipos o aplazamientos de reintegros; la de las deudas generadas con los acreedores públicos o el fraccionamiento de los pagos a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
Ha explicado que todas estas medidas estarán enmarcadas en la "condicionalidad" y ha recordado que el objetivo es recuperar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
A través de un plan de ajuste personalizado para cada consistorio, ha subrayado Beteta, los ayuntamientos que quieran optar a las medidas, tendrán que reducir sus gastos de funcionamiento, establecer un nivel de presión fiscal cercano a la media y estarán limitados para no poder constituir nuevos entes u organismos públicos.
Ha añadido que se prohibirá el encadenamiento de prórrogas presupuestarias, se corregirán las provisiones de saldo y la liquidez obtenida será "vigilada en una cuenta bancaria que será supervisada".
Tanto Beteta como De la Serna han anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se tratará la posibilidad de modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de avanzar en el pago a treinta días a los proveedores y que los consistorios con superávit lo destinen a inversiones, así como un nuevo mecanismo financiero para reducir la morosidad.
El superávit de los ayuntamientos ascendió este año a 2.338 millones de euros gracias, ha apuntado Beteta, al incremento de los ingresos en un 2,1 por ciento, y a la reducción de los gastos en un 5,6%.
En relación a la deuda pública, el presidente de la FEMP De la Serna ha dicho que "apenas alcanza el 4,7 por ciento del conjunto de la deuda pública estatal" y ha avanzado que han cerrado el acuerdo de terminar 2014 y 2015 con el 4 por ciento y 2016 con el 3,9.
