La defensa del ex ministro José Blanco, imputado por el Tribunal Supremo en el "caso Campeón", ha entregado diversa documentación en el Tribunal Supremo en la que reconoce que en 2007 el PSOE pagó 101.395 euros para mejorar la seguridad de su vivienda.
Los datos aparecen en el recurso presentado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda contra la decisión del magistrado José Ramón Soriano de dar el visto bueno a la investigación policial de las cuentas del mandatario socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con un desfase en el proceso de compra de su chalet en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Según señala el abogado en su informe, las obras fueron realizadas por la sociedad Trepia 06 Inversiones S.L. La casa fue adquirida en 2006 , según el recurso, tres años antes de que Blanco fuera ministro y cinco antes de los hechos investigados en esta causa, en todo caso antes de que el mandatario ejerciera ningún cargo público.
Más tarde, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana elaboró un Plan de Seguridad Integral para la vivienda y de las obras efectuadas para poder aplicarlo, que ascendieron a un total de 169.835,60 euros, el PSOE pagó un total de 101.395 euros procedentes de una partida del Ministerio del Interior destinada a tales fines.
A lo largo de su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa insiste en que Blanco tuvo especial cuidado en distinguir las obras relativas a aumentar la seguridad de su vivienda de otras que tenían otro objetivo, y que fueron abonadas por el matrimonio con un coste de 68.440 euros.
"En consecuencia, ni las obras de la vivienda se hicieron gratis, ni se hicieron sin facturas, ni costaron más de lo facturado, ni hubo pagos no declarados o 'en B', ni las facturas las pagó un tercero con un supuesto interés espurio", asegura la defensa de Blanco.
Añade que tampoco se detecta ningún motivo para poner en cuestión el coste, pago, contabilización y tratamiento fiscal de estas obras, que además se realizaron años antes de los supuestos hechos objeto de esta causa, en la que se investiga la implicación del ex ministro en una trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.
EMPRESA GALLEGA
La defensa rechaza igualmente que pueda imputarse una conducta irregular por la subcontratación po Trepia de otra sociedad que ejecutó parte de las obras.
Afirma que el supuesto dato de que el accionista mayoritario o director general de esta sociedad sea originario de la provincia de Lugo y a su vez accionista de TREPIA, "es utilizado sin rubor alguno por la U.D.E.F. como un indicio sospechoso".
"No sabemos si la conducta exigida a mi mandante --que es natural de Lugo-- sería la de haber contratado para la obra de su casa a una empresa, por ejemplo, de Quintanilla de Onésimo (Valladolid). Pero nos tememos que aún en ese caso la U.D.E.F. habría encontrado algo raro", añade el letrado.
