Blanco dice que renunciará a su escaño si el magistrado le abre juicio oral

El diputado del PSOE José Blanco ha anunciado hoy que dejará su escaño si el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Campeón decide abrir juicio oral contra él una vez que concluya la instrucción.

En una rueda de prensa en el Congreso tras conocerse que el Ministerio Público pedirá al juez del Tribunal Supremo que solicite su suplicatorio, Blanco ha lamentado que no se haya reclamado antes, con carácter previo a las investigaciones, y no como "colofón" de las mismas. No obstante, ha dejado claro que si el juez acepta la petición del fiscal y decide pedir el suplicatorio él reclamará al Congreso que lo conceda.

APERTURA DE JUICIO ORAL

Y en el caso de que, cuando concluya la instrucción y se resuelvan todos los recursos presentados, el juez finalmente decida dictar un auto de apertura de juicio oral contra él, su intención es dimitir: "Haré lo que debo hacer -ha insistido-, lo que creo que se debe hacer, presentaré mi renuncia como diputado".

Ha precisado, en este contexto, que todavía no hay un auto que dé por concluida la instrucción ni una aceptación de la propuesta de la Fiscalía y que, además, también están pendientes de resolver varios recursos planteados. "Si una vez concluida la instrucción, el juez finalmente dictara auto de apertura de juicio oral, yo haré lo que debo hacer, en ese momento presentaría mi dimisión", ha enfatizado, confiado en que la Justicia "dejará meridianamente claro" que las acusaciones que pesan sobre él son "total y rotundamente falsas".

Blanco ha defendido su inocencia y ha señalado que desde el primer día ha reconocido que se interesó por la situación de un expediente para una nave industrial en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), pero nunca influyó ni presionó al alcalde de la localidad, a quien ni siquiera conocía.

La investigación a Blanco se ha centrado en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro de Fomento, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi de Llobregat.También ha dicho, en este sentido, que nunca ha negado su "amistad" con Orozco y que siempre ha colaborado con la Justicia para esclarecer los hechos, hasta el punto de que declaró voluntariamente antes de que lo pidiera ningún juez.

“NUNCA HE RECIBIDO DINERO DEL SEÑOR DORRIBO”

A su juicio, lo "realmente sorprendente" es que tras su declaración voluntaria no se procediera a solicitar el correspondiente suplicatorio y se haga al final de las investigaciones.Del mismo modo, ha subrayado que son falsas las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, suyas declaraciones en un juzgado de Lugo fueron el inicio de las investigaciones sobre Blanco. "Nunca he recibido dinero del señor Dorribo y nunca he realizado gestión alguna a favor de Dorribo", ha sostenido.

Ha rebatido en su comparecencia algunos de los puntos que establece el fiscal en su escrito y, así, ha explicado que el supuesto delito de tráfico de influencias se basa en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que, a su vez, se fundamento en un peritaje que el instructor rechazó y en las transcripciones de llamadas telefónicas que, según la secretaria judicial, se hicieron sin autorización judicial.

Sobre la empresa Azkar, ha afirmado que se limitó a pedir información sobre un expediente atrasado del que dependían 400 puestos de trabajo, "sin presionar ni condicionar la voluntad de nadie", una gestión que ha considerado normal de un ministro de Fomento, al tratarse de una compañía vinculada al transporte. El propio Ayuntamiento de Sant Boi -ha agregado- ha trasladado un reciente informe en el que muestra inspecciones a la nave de forma permanente, la última en mayo de 2012, y que se ajustaban a la ley.

INFORMES AL MARGEN DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUEZ INSTRUCTOR

Durante todos estos meses desde que se inició el caso, Blanco ha solicitado "de forma reiterada" que se apartasen de la investigación todos los informes que han sido realizados al margen de la autorización del juez instructor, muchos de los cuales, según se ha quejado, "retuercen la verdad para generar dudas y sospechas" sobre su conducta. "Voy a seguir ejerciendo mi derecho de defensa en todo momento, hasta que concluya la vigente fase de instrucción, que les recuerdo que aún está en fase de diligencias", ha agregado.

Al ser preguntado sobre por qué espera a la apertura de juicio oral, en todo caso, para dimitir, cuando en el pasado su partido ha solicitado la renuncia de otros cargos cuando estaban en fase de imputados, Blanco ha reconocido que en algún momento él mismo ha podido cometer errores sobre la presunción de inocencia.

EL FISCAL PIDE EL SUPLICATORIO PARA JUZGAR A BLANCO POR TRÁFICO INFLUENCIAS

La Fiscalía ha pedido hoy al juez instructor del caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que tramite el suplicatorio para poder juzgar al exministro socialista José Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, según han informado fuentes jurídicas.

El escrito de 28 folios pidiendo el suplicatorio ha sido presentado a primera hora de la mañana en el Supremo y en él se observa que de lo investigado hay indicios de que el exministro y actualmente diputado del PSOE hubiera podido incurrir en delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El fiscal del caso, Manuel Dolz, ha pedido el suplicatorio después de que ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, le diera autorización para ello, tras celebrar una serie de reuniones consultivas con cuatro fiscales de Sala.

La investigación a Blanco se ha centrado en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.Además, se ha investigado si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA O LA PETICIÓN DE SUPLICATORIO

En un último auto, con fecha del 27 de febrero, el juez Soriano indicaba que "en ausencia de petición de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, de la defensa y del instructor, la aportación de las que se ordenaron a la policía judicial (UDEF) o ésta pudo haber practicado (...) son suficientes para que el fiscal y, en su caso, la defensa soliciten el sobreseimiento de la causa o la petición de suplicatorio por alguno de los hechos investigados".

Antes de dar por cerrada la causa el juez accedió a las peticiones de la UDEF de investigar en mayor profundidad la compra y las obras de reforma del chalé de Blanco en Las Rozas.

La defensa de Blanco, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, recurrió la semana pasada esta última resolución de Soriano y, unido al recurso, aportó al juez los justificantes de los pagos de esas obras, ya que de la compra recordaba que los aportaron el pasado 31 de enero.Sobre los gastos en seguridad, la defensa indicaba que tuvieron un coste de 101.395 euros que pagó el PSOE, gasto que fue "contabilizado y declarado ante Hacienda, tanto por el partido como por la empresa constructora", mientras que "la parte de las obras que no se correspondían estrictamente con la protección del edificio" fueron abonadas por el exministro y su esposa y costaron 68.440 euros.

Este pago se hizo en dos veces, la primera, por valor de 30.000 euros, "se realizó mediante transferencia" y la segunda, de 38.440 euros, "se realizó en metálico, empleando para ello dinero donado por sus padres", pagos ambos "reconocidos y declarados".

"LOS NÚMEROS DE CUENTA BANCARIA Y ENTIDAD"

La principal queja de Blanco en este recurso se refiere al requerimiento dirigido a la Agencia Tributaria para que facilite a la UDEF los datos de "los números de cuenta bancaria y entidad" de Blanco y su esposa durante los años 2006 y 2011, además de aportar los extractos bancarios de las cuentas.

La defensa considera nula esta diligencia "de investigación prospectiva" por dirigirse contra la esposa de Blanco, "que no está imputada", y el hecho de "someter a escrutinio policial los movimientos de todas sus cuentas" la coloca "en una situación de indefensión total".

La investigación a Blanco en el Supremo partió de las declaraciones prestadas en el juzgado de Lugo que investiga estos hechos del principal imputado en la operación Campeón, el empresario Jorge Dorribo.Éste aseguró que instantes antes de verse con el exministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político de Blanco, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al entonces titular de Fomento.