El juicio por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' se ha reanudado este viernes con el comienzo de la declaración de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia. El primero en declarar ha sido EL que fuera presidente de la caja madrileña entre 1996 y 2010, Miguel Blesa.
Blesa ha asegurado que la tarjeta que empleó en Caja Madrid y repartió a varios de sus consejeros y altos cargos "era de libre disposición" y no era preciso "la justificación de los gastos que se realizaban". "El Banco de España y Hacienda nunca pusieron tacha alguna ni vieron irregularidad durante 23 años", ha concretado. Ha asegurado que solo responderá a la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal y su abogado defensor, ha agregado que la recibió en 1994 de manos del secretario general de la entidad que le dio a entender que era un complemento retributivo.
Blesa ha explicado que cuando se incorporó a Caja Madrid "tenía que confiar en que había órganos internos de auditoría, asesoría fiscal", tanto internos como externos, que es de suponer que se ocupaban de este tipo de "remuneraciones". De este modo, "no me puse a revisar acto a acto dentro de la caja si todo estaba respaldado por acuerdos", porque cuando uno se incorpora a una entidad así "lo hace con un principio de confianza".
Cuando recibió la tarjeta, ha asegurado, entendió que era "una tarjeta de libre disposición en la que no era precisa la justificación de gastos, y aunque ha reconocido que no recuerda los términos exactos, sí ha reiterado que se le dijo que era de libre disposición.
A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, Blesa ha indicado que, en aquel momento desconocía muchos hechos relativos a estas tarjetas, hechos que ha ido conociendo con posterioridad, y en concreto se ha referido a un informe de auditoría del año 2014 que mencionaba el contrato inicial de Caja Madrid y Visa, fechado en 1994.
Asimismo, ha reconocido desconocer los fundamentos normativos de las tarjetas, y si estaban o no respaldadas por algún tipo de "acuerdo estatutario". En aquel contrato con Visa, se mencionaban las tarjetas de los directivos y "también había alusiones a las de los consejeros", pero el origen último, ha dicho, se sitúa en un acuerdo de 1988.
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS
Ese año, se puso en marcha un plan de revisión y actualización de las funciones de la caja, y se aprobaron los complementos retributivos para dejar las retribuciones dentro de la media del sector, ha relatado al Fiscal. Es entonces, en ese Consejo, al que Blesa no asistió, cuando la retribución del presidente se fija en 26 millones de pesetas de sueldo y dos millones anuales a disponer por meses mediante gastos específicos de la presidencia.
"A nadie se le puede dar una cantidad para que represente a la entidad en meses y en cuantía fija", ha explicado. A su llegada a la entidad en septiembre del 96, el director de Recursos Humanos le retiró la tarjeta de consejero y le dio una de gastos de representación "y otra análoga a la anterior de consejero como complemento retributivo".
Su predecesor en el cargo, Jaime Terceiro, puso un limite "que nunca amplió" porque no era necesario, "nunca se superaba", pero esa cuantía "no se ajusta a la realidad".
Los incrementos de límite de gasto se fueron produciendo porque "la Caja no era la misma que en 1988; en 2009 tenía 200.000 millones de euros, había doblado su balance en tres años y se estaban acompasando las retribuciones según la implicación de los consejeros".
Según Blesa, ninguno de los consejeros o directivos de la antigua caja pidieron que su retribución fuese ampliada sino que se modificara su límite operativo mensual, una práctica "del día a día", aunque a final de año los gastos no podían superar las cuantías anuales establecidas.
Por lo que respecta a la fiscalidad de los gastos efectuados con las tarjetas, Blesa ha señalado que "estábamos en la creencia de que esa retención se estaba practicando". Cuando el fiscal le ha preguntado si en los detalles de remuneraciones que se hacían llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se incluía lo gastado con las tarjetas, Blesa ha señalado que "de manera agregada y no individualizada".
Sobre el supuesto carácter "delicado" de los gastos de las tarjetas, tal y como se refirió a ellos el exsecretario del Consejo Enrique de la Torre, Blesa ha recordado que "estaban bajo la custodia de Bankia, pero eran gastos que no tenían que haberse divulgado, de ahí que Enrique de la Torre se refiriera a ellos como algo "delicado", pues al parecer era relativamente fácil acceder a ellos.
Blesa, que presidió Caja Madrid entre 1996 y 2010 se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de prisión y multa de 108.000 euros. Gastó de forma directa 436.688,42 euros con su tarjeta black aunque se le reclama una indemnización que abarca la cantidad completa que gastaron sus consejeros y altos cargos durante su mandato, 9,3 millones. Destinó el plástico al pago de hoteles de lujo --hasta alcanzar una cantidad de 76.642 euros-- joyas por importe de más de 6.000 euros y artículos de Louis Vuitton.
EL TRIBUNAL LEGITIMA A BANKIA Y AL FROB COMO ACUSACIONES
Esta tercera sesión del juicio ha comenzado con el dictamen del tribunal que preside Angela Murillo sobre las cuestiones previas tratadas el lunes y el martes y en las que tanto la defensa de los encausados, como la Fiscalía y las acusaciones presentaron sus alegaciones. La Audiencia Nacional ha ratificado el papel de Bankia, su matriz, BFA, y el FROB como acusaciones particulares en el juicio por las tarjetas "opacas" de Caja Madrid después de rechazar las cuestiones previas planteadas por las 65 defensas. En la sesión inaugural del juicio, los letrados de los expresidentes de la extinta caja de ahorros, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, alegaron que ni Bankia ni su matriz BFA o el propio FROB pueden acusarles de unas prácticas ajenas a estas entidades
Además de Blesa será interrogado también el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el que fuera director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, y otros 62 exaltos cargos procedentes de partidos políticos como el PP, PSOE e IU de los sindicatos de CC.OO y UGT, y de la patronal CEOE y CEIM. Durante el interrogatorio, los 65 acusados se enfrentarán a las preguntas del representante del Ministerio Público, Alejandro Luzón y de los abogados de las demás partes. Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajo (CGT), la acusación popular.
CUESTIONES PREVIAS
Durante las dos sesiones de cuestiones previas, la defensa centró sus alegaciones en pedir la nulidad del documento aportado por Bankia --que incluía el desglose de los gastos efectuados con los plásticos--, que no se le permita continuar a Bankia y al FROB como acusación particular, y que se declarase prescrito el delito continuado de apropiación indebida.
El Ministerio Público rebatió las tesis de los abogados y comenzó su turno de palabra advirtiendo de que habían intentado sacar agua de las rocas y la poca que había salido no era potable. Durante su informe ante los magistrados Luzón defendió la legitimidad del Frob y de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri para acusar de forma particular en la vista y agregó que el rescate de Bankia --que recibió 22.000 millones de euros de las arcas públicas-- fue como un funeral para todos los españoles.
Los letrados de la acusación particular y popular, por su parte, negaron que los delitos hubieran prescrito alegando que el Código Penal establece un máximo de diez años y no de cinco como expuso la defensa. También dieron validez a una nueva prueba presentada por Bankia al inicio del juicio y en la que se recopilaban nuevos correos electrónicos relativos a la emisión y gestión de las tarjetas.
SOLICITUD DE DIAZ FERRÁN
Así las cosas, el letrado del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, solicitó al tribunal de la Sección Cuarta de Lo Penal la ausencia de su defendido en el juicio por problemas de salud pero finalmente y tras practicarle las pruebas pertinentes una médico forense, el tribunal rechazó la petición para el exconsejero de Caja Madrid, que cumple condena en prisión por el caso Marsans.
Los 65 acusados se enfrentan a penas de prisión que van de uno a seis años por el uso que hicieron de las tarjetas opacas entre 2003 y 2012 con las que costearon la compra de joyas, productos de belleza, viajes y regalos por un monto total de 12,5 millones de euros.
