Bruselas urge a España a renovar el CGPJ y desvincular los mandatos de Gobierno y Fiscalía

La Comisión Europea (CE) volvió a insistir este miércoles a España en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la de separar los mandatos de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno, dos áreas en las que no ve ningún progreso tras efectuar recomendaciones idénticas en 2022.

Es el cuarto año consecutivo que la Comisión Europea alerta a España sobre este asunto en su informe anual del Estado de derecho

Son dos de las recomendaciones que recoge el capítulo sobre España del informe del Estado de derecho en la Unión Europea en 2023, que analiza los progresos del sistema judicial español en este curso que ahora culmina y emite seis nuevas recomendaciones para abordar las deficiencias más acuciantes, como la renovación del CGPJ y el refuerzo de la Fiscalía General del Estado.

Así, recomienda que España "proceda con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como un asunto prioritario" e, inmediatamente tras la renovación, "comience con el proceso para adecuar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".

Los retrasos en la renovación, abunda el informe, "afectan negativamente" a la labor del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto

Es el cuarto año consecutivo que la Comisión Europea alerta a España sobre este asunto en su informe anual del Estado de derecho y el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, había urgido en dos viajes a Madrid a que la renovación se culminase antes de que España asumiese la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante este segundo semestre de 2023.

Los retrasos en la renovación, abunda el informe, "afectan negativamente" a la labor del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto, con hasta un 30 % de puestos vacantes en el Supremo debido a las competencias más limitadas de un CGPJ en funciones y 1.230 decisiones menos al año en las dos salas del Supremo donde hay más ausencias, la tercera y la cuarta.

"La situación ha sido descrita por el Tribunal Supremo como insostenible, ya que socava la eficiencia de la justicia y tiene un impacto negativo en la duración de los procedimientos ante el Tribunal Supremo", señala el informe.

Bruselas tampoco percibe ningún progreso en el refuerzo del estatuto del Fiscal General del Estado, especialmente de cara a desvincular su mandato y el del Gobierno, ni en "los retos asociados a la duración de las investigaciones" para aumentar "la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel".

El informe sí reconoce "algo de progreso" en la mejora del acceso a la información mediante la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales

"No se han tomado medidas para abordar la separación de mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno (...). En su informe de diciembre de 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa también señala que no se han tomado medidas para aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa de la Fiscalía", recalca la Comisión Europea.

El informe sí reconoce "algo de progreso" en la mejora del acceso a la información mediante la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de la que llegó a haber proyecto de ley pero que previsiblemente quedará en un cajón por la convocatoria de elecciones generales- y el "progreso significativo" en los esfuerzos para legislar sobre los grupos de presión, incluyendo un registro obligatorio de "lobbies".

Moncloa dice que el informe señala al PP

El Gobierno considera que el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la UE atribuye claramente al PP la responsabilidad del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le da "un severo toque de atención por su deslealtad constitucional".

"Un severo toque de atención al PP por su deslealtad constitucional alejada de los estándares europeos"

Consideran que es muy poco habitual que en un informe de estas características se diga tan abiertamente que el principal problema del Estado de derecho de un país se debe a la actitud de la oposición.

Algo que señalan que es una demostración de la profunda preocupación que existe en Bruselas por el "incumplimiento sistemático" de la Constitución por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde Moncloa interpretan además que el texto destaca la solidez de la democracia española y reconoce la labor del Gobierno al tiempo que da "un severo toque de atención al PP por su deslealtad constitucional alejada de los estándares europeos".