CSIF ofrece un protocolo a los funcionarios en Cataluña

El sindicato CSIF ha puesto a disposición de los trabajadores públicos de Cataluña un protocolo para actuar en caso de recibir órdenes que vean no adecuadas al ordenamiento jurídico vinculadas al proceso soberanista.

Además, el protocolo de CSIF prevé modelos de formularios para denunciar la situación ante la Fiscalía.

El equipo jurídico de este sindicato, minoritario en el colectivo de funcionarios de Cataluña, ha elaborado hasta siete modelos de formularios que intentan "blindar" a los trabajadores públicos de la Generalitat y de las administraciones locales, y "protegerles" ante "órdenes de dudosa legalidad", según ha explicado hoy en conferencia de prensa el presidente del CSIF, Miguel Borra Izquierdo.

Los modelos, a presentar ante la Fiscalía, la inspección interna de la administración y el propio sindicato, intentan responder a las situaciones que puedan darse en el caso de la que las instituciones de la Generalitat empiecen a ejecutar la hoja de ruta independentista.

Además, el sindicato ha puesto a disposición de sus afiliados que trabajan en la administración catalana, de manera gratuita, un seguro que les garantizaría continuar cobrando su salario en el caso de que sean castigados con una suspensión de empleo y sueldo.

CSIF facilitará también este seguro a los trabajadores públicos que lo soliciten pese a no ser afiliados del sindicato, aunque deberán pagar una cuota.

Miguel Borra ha recordado que los funcionarios públicos están obligados a cumplir las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos, ya que no les compete "interpretar" la ley, y que sólo se pueden negar a ello en caso de "manifiesta ilegalidad".

Dado que el sindicato está convencido de que el 99,9 % de los casos de órdenes de dudosa legalidad que se pudiera dar no entrarían en la categoría de "manifiesta ilegalidad", recomienda a los funcionarios que cumplan la instrucción dada, la soliciten siempre por escrito y luego presenten los formularios de denuncia ante inspección y fiscalía.

La fiscalía será la encargada, según ha dicho Borra, de actuar contra la orden dada a ese funcionario, si lo estima oportuno.

Entre los casos de "manifiesta ilegalidad" se encontrarían, por ejemplo, las órdenes dirigidas a cumplir preceptos incluidos en la resolución de desconexión del Estado que aprobó el Parlament en pasado 9 de noviembre y que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Entre las posibles dudas que puedan plantearse, podrían incluirse cualquier orden relativa a la recaudación de impuestos que no están transferidos, ha puesto Borra como ejemplo.

El CSIF ha anunciado que reforzará sus servicios jurídicos y que pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas que se puedan plantear.

El presidente estatal del sindicato, que ha asegurado que han recibido muchas peticiones de asesoría por dudas relativas al debate soberanista, se ha mostrado abierto a hablar sobre el protocolo que ha elaborado con los sindicatos mayoritarios en la Función Pública en Cataluña, CCOO y UGT.

El CSIF tiene unos 7.000 afiliados en Cataluña y es mayoritario en sectores como prisiones, universidad y justicia, mientras que calcula que representa al 10 % del conjunto de los funcionarios de esta comunidad.