El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha descargado hoy toda la responsabilidad sobre la gestión de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE en su director general de Trabajo Javier Guerrero que "trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad".
Fernández se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que entre el 2001 y el 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.
Es, junto a Guerrero, el único de los 22 acusados -entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que ha pasado por prisión, donde ingresó por orden de la primera instructora del caso Mercedes Alaya en abril del 2012 y salió en agosto tras pagar 450.000 euros de fianza.
Antonio Fernández fue viceconsejero de Empleo del 2000 al 2004 (y como tal presidió un tiempo la agencia pública IFA -luego IDEA- a través de la cual se pagaban las ayudas) y consejero de Empleo del 2004 al 2010.
En ambos puestos coincidió con Guerrero como director de Trabajo al que ha asegurado hoy que "nunca le he dado una orden para que conceda una subvención o una ayuda" ni éste "nunca" le consultó o pidió el visto bueno para dar ninguna porque "tenía suficiente libertad y responsabilidad para saber cómo tenía que hacer su trabajo".
