Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy, con el voto a favor del PP y el rechazo de los socialistas, la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha, que supone reducir de 49 a 33 el número de diputados en las Cortes autonómicas para la próxima legislatura.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido, en el pleno de las Cortes esta norma que ha calificado de justa, plural, objetiva, representativa, equilibrada y adecuada para los tiempos de crisis.
Para Cospedal, la reducción de parlamentarios es un "paso histórico", que permite a los políticos "tener un comportamiento ejemplar para los ciudadanos" y, además, es una medida que acerca la política a la ciudadanía.
Ésta es la segunda ley electoral que se aprueba en Castilla-La Mancha en lo que va de legislatura, ya que en mayo de 2012 se aprobó una norma que suponía elevar el número de parlamentarios autonómicos de los 49 actuales a 53.
La ley aprobada hoy cifra en 33 los parlamentarios castellanomanchegos, que se reparten con un mínimo de tres para cada una de las cinco provincias y los 18 restantes, en función de la población.
La reforma de la ley electoral para reducir el número de parlamentarios autonómicos llega tras la modificación del estatuto de Castilla-La Mancha, que situó en una horquilla de 25 a 35 el número de diputados autonómicos, frente al anterior intervalo que recogía de 47 a 59 parlamentarios.
Precisamente, el PSOE ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la modificación del Estatuto de Autonomía, que los socialistas consideran que no garantiza la representatividad de los ciudadanos.
PROPUESTAS DE REDUCCION EN OTRAS COMUNIDADES
Ocupan el sillón cuatro años y son más de mil. En total 1.268 diputados autonómicos en todo el país. De 17 parlamentos, que se llevan de los presupuestos generales, 346.6 millones de euros; el coste medio por cada señoría supera los 273.000 eruos.
País Vasco, Cataluña y Andalucía son las regiones con más coste por diputado. Y dos de ellas, Cataluña y Andalucía junto con la Comunidad de Madrid, las que mayor número de parlamentarios tienen: 135, la cámara catalana; 109 la andaluza y 129 la madrileña.
Pero ni Cataluna ni Andalucía han propuesto que esas cifras bajen. Sí lo ha hecho Madrid. La primera comunidad que quiso adecuar la estrutura de su Asamblea a la realidad económica.
Una inciativa, la de adelgazar a la mitad el número de parlamentarios, que el gobierno madrileño no ha podido sacar adelante. Porque necesita el apoyo de la oposición. Tiene el de UPyD, pero no el de la izquierda. PSOE e Izquierda Unida, rechazan una medida que supondría un ahorro anual de entre 3 y 4 millones de euros a las arcas de Madrid.
