El juez Castro pide a Hacienda una explicación "comprensible" de los errores con La Infanta

El instructor del 'caso Nóos', el juez José Castro, ha pedido a la Agencia Tributaria que le dé une explicación "comprensible y documentada" de los errores que llevaron a atribuir a la infanta Cristina la venta de un total de 13 fincas y de por qué, al contrario, no se reflejó la compra por parte de los duques de Palma del chalé del barrio barcelonés de Pedralbes.

El magistrado, a través de un auto dictado hoy, pide a la Agencia Tributaria la rectificación del informe que presentó el pasado 13 de junio, en el que se reflejaba la compra de las citadas 13 fincas y que, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se debió a un error a la hora de introducir los datos del DNI de la mujer de Iñaki Urdangarin.

La resolución dictada hoy pide en concreto a la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña un nuevo informe rectificando el anterior "en aquellos extremos en que advirtiera no ajustarse a la realidad" así como "explicando de manera comprensible y documentada las razones a que obedece la disparidad".

Castro también quiere saber si Hacienda "ha iniciado alguna actuación inspectora o de comprobación en relación con esas supuestas trasmisiones, tanto en orden a determinar un supuesto incremento patrimonial como para esclarecer el origen de esas propiedades".

El informe inicial de la Delegación de Cataluña de la Agencia Tributaria aseguraba que la infanta había vendido fincas e inmuebles en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por valor de 1.435.603 euros.

CHALÉ DE PEDRALBES

El juez de Palma de Mallorca también quiere saber por qué en el primer informe de Hacienda, a pesar de incluir la venta de 13 fincas, no se hizo referencia a la compra por parte de la infanta y su marido del chalé del barrio barcelonés de Pedralbes.

El magistrado, en cambio, ha rechazado interrogar en calida de testigo a la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, y de los inspectores que habían elaborado el informe que atribuía a la infanta las operaciones de compra-venta, unas diligencias que había sido solicitadas por una de las acusaciones.

La resolución también sirve para que Castro retrase del 3 al 11 de julio la nueva declaración como imputado del socio de Urdangarin, Diego Torres.