Catalá: "Se prohibirá dar órdenes verbales a los fiscales instructores"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que una de las novedades que incluirá el nuevo Estatuto Fiscal, que irá parejo al proyecto de reforma procesal que presentará "en breve" para su tramitación parlamentaria -y que otorgará la instrucción de las causas penales a los fiscales- prohibirá que éstos puedan recibir instrucciones verbales por parte de sus superiores.

Las órdenes serán dadas por escrito y las de carácter general serán publicadas en un diario oficial, ha explicado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la cámara baja Catalá ha señalado que la reforma procesal debe coincidir con cambios en el Estatuto que rige la actuación del Ministerio Público si bien a defendido que actualmente contamos una Fiscalía "que no admite ningún tipo de injerencia y no se deja intimidar por nada ni por nadie".

"Tenemos una Fiscalía cien por cien autónoma y libre", ha insistido, para añadir que el Gobierno no puede dar ninguna instrucción a los representantes del Ministerio Público y que su Gobierno nunca lo ha hecho.

Así lo ha confirmado, según ha manifestado el titular de Justicia, tanto el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza como los fiscales jefe en La Rioja y en Murcia, "tanto el saliente como el entrante", en clara alusión, aunque sin citarlas, a las polémicas por las investigaciones penales abiertas en ambas comunidades autónomas sobre responsables del Partido Popular como es el caso del ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

REFORMA PROCESAL

Según ha explicado Catalá durante su comparecencia, la sustitución de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que data de la época decimonónica, por un nuevo Código Procesal dejará atrás "el tradicional sistema inquisitivo para implantar de manera definitiva el modelo acusatorio, otorgando todo el protagonismo procesal al juicio oral, que es donde deben practicarse las pruebas".

La reforma irá dirigida igualmente a mejorar las garantías de defensa y se simplificarán procedimientos y recursos. También está previsto crear un procedimiento especial para la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores de edad en determinados supuestos especialmente graves.

En cuanto al Estatuto de la Fiscalía, los cambios irán dirigidos "conciliar el principio de autonomía con el de unidad de actuación como garantía de seguridad jurídica, en el que se remarque su imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley", ha explicado el Ministro en sede parlamentaria.

Por otro lado cree necesario Catalá la prohibición de las órdenes verbales, que se otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de fiscalía o que se regule el mérito y capacidad para acceder a los puestos discrecionales.

Tan íntimamente ligadas están estas dos reformas -la procesal y la estatutaria- que ambas deberían abordarse en paralelo, según ha defendido Catalá, y en todo caso, con el acuerdo y la conformidad mayoritaria de las fuerzas políticas y de los colectivos implicados.

"POR HACER CHISTES NO SE CONDENA NINGUN CIUDADNO EN ESPAÑA"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso que la libertad de expresión "es un derecho asegurado en nuestra Constitución" y que contraponer el derecho a la libertad de expresión con el respeto a las víctimas "es una dialéctica improductiva y no nos lleva a ninguna parte".

El titular de Justicia ha utilizado estas palabras en su respuesta a la petición de comparecencia que habían realizado varios grupos parlamentarios tras las condenas por enaltecimiento del terrorismo que han sido recientemente dictadas por la Audiencia Nacional contra usuarios de redes sociales. También se refería con este comentario a la propuesta de Podemos para suprimir el articulo del Código Penal que regula este delito.

A juicio de Catalá, el Poder Judicial es "independiente, que tutela el derecho de todos de acuerdo a la ley". Ha añadido que las normas pueden ser reformadas pero siempre, según sin criterio, sin contraponer la libertad de expresión con la necesaria protección a las víctimas.

Durante el turno de réplica, el ministro ha insistido en que España cuenta con un sistema penal "afinado, garantista y comparable con el de otras democracias europeas" y que el Poder Judicial dicta sus sentencias de acuerdo a cada caso concreto. "No es conveniente decir que se penaliza el humor y los chistes", ha señalado Catalá, que considera que lo que hace la Justicia es sentenciar a quien incurre en los tipos penales previstos.

Por esta razón en unos casos se absuelve y en otros se condena, ha explicado Catalá, que ha subrayado en este punto que "no hay nadie en España condenado por el ejercicio de derechos". "Por hacer chistes no se condena a ningún ciudadano", ha insistido.

Sobre el derecho a la huelga, Catalá ha recordado la importancia de la reciente reforma del artículo 315 del Código Penal que eliminó la pena de prisión para aquellos que coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga. Para el ministro, este derecho a la huelga no puede tampoco ser contrapuesto con el derecho a actividad económica que ejercen los empresarios. "Si hay algún sindicalista condenado lo habrá sido por lesiones, no por ejercer el derecho de huelga", ha subrayado durante el turno de réplica.