El proceso independentista abierto en Cataluña y la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, así como la búsqueda del consenso en la aplicación de la Lomce, se vislumbran como los principales retos en materia autonómica del Gobierno dialogante que diseña ya Mariano Rajoy. Fue "diálogo" la palabra más nombrada durante el debate de investidura que concluyó con la reelección de Mariano Rajoy como presidente.
Y será el elemento común para afrontar estos tres urgentes desafíos. Tan apremiantes que no se pueden demorar, pues Cataluña y el resto de las comunidades llevan tiempo demandando ponerse manos a la obra. Pero a la vez que se da por seguro el diálogo, se da también que habrá límites, tal y como apuntó en el debate el líder del PP.
Así, en las conversaciones y negociaciones que comiencen a funcionar nada más configurarse el Gobierno, se dibujarán esas líneas rojas.
Cara a la negociación con la Generalitat de Cataluña, el límite será la unidad de España, y cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, serán la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos europeos. En cuanto al desarrollo de la Lomce, prácticamente queda descartada la derogación de la Ley, por lo que será la misma norma la que marque las fronteras de la negociación.
-CATALUÑA
La Generalitat espera con expectación cuáles serán los primeros pasos que dé el Gobierno para abordar el proceso independentista. Uno de esos pasos iniciales puede ser meramente formal: por ejemplo, la creación de un Ministerio que asuma la gestión política, como pudiera ser un renacido Ministerio de Administraciones Públicas.
O la inclusión de las cuestiones territoriales entre las competencias de Vicepresidencia: quien se prevé que se mantenga como titular, Soraya Sáenz de Santamaría, podría, así, ver reforzado su papel. Está por ver qué pretende hacer el Gobierno para sofocar un proceso que tanto el Govern como los partidos independentistas ven irreversible. Fuentes del PP consultadas al respecto no descartan que Rajoy plantee algún tipo de reconocimiento de las demandas catalanas en una previsible reforma de la Constitución.
No será sencilla la negociación por cuanto el líder del PP, en el Congreso, afeó a ERC y a PDECat que su premisa para dialogar fuera "consulta sí o sí". Ni en Moncloa ni en Génova están de acuerdo con la celebración de un referéndum. Puede afectar a la negociación de modo irresoluble una probable inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como la evolución de la causa abierta contra el expresident catalán Artur Mas.
También puede influir que el Parlament y las fuerzas nacionalistas continúen con la desconexión. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, lo ha advertido: tanto la creación de una agencia tributaria propia como la transitoriedad jurídica hacia el Estado propio serán las siguientes paradas del viaje.
-FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprovechado los diez meses en funciones para avanzar mucho en este campo, aunque será una próxima Conferencia de Presidentes la que haga arrancar un proceso embarrancado. Rajoy anunció que convocará a los máximos responsables autonómicos para empezar a confeccionar un nuevo modelo "estable y suficiente".
Lo que más urge, sin embargo, es que las comunidades reciban liquidez y las cifras de los techos de gasto y de los límites de déficit y deuda para que vayan concretando sus presupuestos regionales. En las últimas fechas, la Oficina Económica de Moncloa y el propio Cristóbal Montoro, han facilitado esta información a los gobiernos regionales. Un inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera (que se prevé para la primera quincena de noviembre) echará a rodar la maquinaria de la reforma del sistema y empezará a perfilar los Presupuestos de 2017, esenciales para las finanzas autonómicas. Y tras ello, y tras la Conferencia de Presidentes, comenzarán reuniones bilaterales para ir profundizando en lo que fue uno de los objetivos perentorios de Rajoy durante el debate de investidura.
-LOMCE
La mayoría de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas ven con recelo una Ley que el líder del PP ha retocado incluso antes de jurar el cargo: el pasado jueves anunció que se suspendían los efectos académicos de las llamadas "reválidas", es decir, las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.
Dichas pruebas quedarán en el limbo mientras los partidos negocien durante seis meses un acuerdo educativo. Quien sea ministro o ministra de Educación tendrá que llenar la agenda de reuniones con los representantes políticos. De hecho, en el Congreso se espera la tramitación de la suspensión del calendario de esta Ley, uno de los asuntos que escapó a los vetos que el Gobierno puso recientemente en el Congreso.
Pero las agendas han de reservar incontables huecos para reuniones con los consejeros del ramo en las comunidades, en desacuerdo con la redacción de la Lomce. Descartada prácticamente la derogación, el Gobierno tendrá que encontrar puntos de consenso con unas autonomías que han dejado clara su intención de no desarrollarla.
Estos serán los tres asuntos primordiales del nuevo Gobierno a escala territorial, aunque no puede obviarse uno más: el nuevo Gobierno vasco de Íñigo Urkullu maneja como prioridad avances en el autogobierno y cambios en la política penitenciaria.
El diálogo parece asegurado, pero el tiempo dirá si da resultados.
