El Gobierno catalán ha cuantificado en 9.375,7 millones de euros los "incumplimientos" del Gobierno central con la Generalitat a día de hoy, según su informe 'La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de Situación', que este martes ha analizado el Consejo Ejecutivo. El documento pone de manifiesto que "la cronificación de una actuación desleal por parte del Estado comporta una vulneración directa del principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos", ha asegurado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.
De esta cantidad, 5.748 millones son deudas pendientes en infraestructuras; 672,6, fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, por medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat; y 1.239,9, fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Gobierno.
Esta deuda tiene varias vías de origen: los recortes que desde 2010 ha ido haciendo el Estado y que han repercutido a las arcas autonómicas y el incumplimiento del sistema de financiación pactado en 2009 y de la disposición adicional tercera del Estatut, que establecía que la inversión del Estado hasta 2014 en obras públicas catalanas debe equipararse a la contribución que hace Cataluña al Producto Interior Bruto (PIB) de toda España.
"La deslealtad institucional practicada por el Estado español tiene como principal consecuencia directa para la ciudadanía el incremento de desigualdades y la discriminación entre los ciudadanos por razón del territorio donde viven", concluye el informe. "Esto es como si un tren nos hubiese pasado por encima", ha destacado Homs, que ha asegurado que el PP y el Gobierno central deberían ser coherentes y al igual que ellos piden cumplir con la Constitución en el debate soberanista, tendrían que velar por el respeto a la ley y pagar a Cataluña lo que le toca.
"¿No dicen cada día que las leyes están para cumplirlas, y que el diálogo sólo se puede practicar desde el cumplimiento de la ley? Pues que empiecen", ha asegurado.
NO SOLO NUMEROS
El informe también critica la actitud del Gobierno hacia la lengua, la educación y la cultura catalanas, y enumera diferentes ejemplos: no hay voluntad de reconocer la diversidad ling~ística en las Cortes, el Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales; la 'Marca España' no proyecta una imagen de la pluralidad que hay en el Estado y se ha aprobado la nueva ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que el Gobierno rechaza frontalmente.
Otro ejemplo es el presupuesto que el Estado destinará a cultura en 2014: la Comunidad de Madrid recibirá el 42% del presupuesto, y Cataluña el 6,4%, y en 2011 Madrid representaba el 35% y Cataluña el 11%.
"Ya se ve dónde están las prioridades", ha asegurado Homs, que ha lamentado que estén paralizadas los órganos bilaterales con el Estado y también el traspase de nuevas competencias, entre ellos el de becas, pendiente desde los años 90.
REACCIONES
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha advertido de que si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está insatisfecho con el modelo de financiación "a quien tiene que pedir cuentas es a ERC", que es quien "aprobó ese modelo" junto al Partido Socialista. Alonso ha insistido en que su partido va a elaborar un nuevo modelo de financiación "para garantizar la autonomía financiera, la suficiencia, la solidaridad y que todo el mundo pueda prestar los servicios".
También se ha referido a esta cuestión, a preguntas de los periodistas, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, quien ha señalado que ahora no es el momento de hablar de "quién debe a quién" sino de acordar un modelo de financiación "justo y solidario" para todos los territorios.
