Celaá "buscará una salida" para que cotizar por prácticas no sea perjudicial

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho hoy que el Gobierno no permitirá ninguna medida sobre la cotización de alumnos en prácticas -como ha planteado el Ministerio de Trabajo- si ello es perjudicial para el sistema educativo, y ha asegurado que "buscará una salida" a este tema."Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades", según Celaá.

Ha insistido en que la medida de Trabajo está en fase de desarrollo normativo, puede ser modificada a través de enmiendas y que ella va a "remar en la corrección de esta medida".

"Es importante reflexionar sobre las consecuencias del posible desarrollo del real decreto y que no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su relación con el educativo", ha comentado.

Para la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, ha habido una "descoordinación tremenda" dentro del propio Gobierno con este tema y ha asegurado que puede afectar a 500.000 estudiantes.

Ciudadanos ha calificado el decreto de "dislate" y ERC y PNV también ha criticado la nueva norma sobre cotización de alumnos.

Gobierno y rectores dela CRUE se reúnen este miércoles para tratar el tema

El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se reúnen este miércoles 6 de febrero para evaluar el coste estimado que tendrá la cotización obligatoria a la Seguridad Social de las prácticas académicas. El encuentro, que se celebrará en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, será una continuación de una primera reunión donde el Gobierno y la CRUE acordaron, el pasado 16 de enero, que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020.

Un acuerdo que se produjo después de que la CRUE reaccionara a la aprobación de esta medida, incluida en el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, calificándola de "sorpresiva" y "precipitada", advirtiendo además de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades".