El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves admitido hoy que es "posible" que "no todo estaba bien" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero ha recalcado que no cree que hubiera "ninguna ilegalidad" ni "ningún tipo de fraude" en el seno de la Administración andaluza.
"Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena; seguramente, no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración; esa es mi opinión", ha dicho
Ha asegurado que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz "nunca" se produjo "alerta o aviso" dentro de la administración sobre ningún tipo de "deficiencia o irregularidad" en la gestión de las ayudas a la formación.
Así lo ha dicho el exdirigente andaluz socialista en la intervención inicial de su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, cuando ha señalado que tampoco dio "nunca" "recomendaciones o instrucciones" para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.
De la misma forma, ha defendido que, "respetando el criterio" de quien pueda pensar otra cosa, "nunca", a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz firmó "ninguna decisión ilegal". Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley", ha incidido.
"Creo recordar que en mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la administración, creo que ni si quiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad", ha recalcado el también exvicepresidente del Gobierno central hoy jubilado.
"LA MAS ESTRICTA LEGALIDAD"
Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se ha mostrado "convencido" de que la administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de "la más estricta legalidad".
En ese sentido, ha aclarado que se refería "no solo a los funcionarios de la administración laboral de la Junta" sino también "a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel", de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.
Además, ha advertido de que, pese a las "dificultades" que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación profesional fue "positiva, razonable, útil y eficaz" para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.
GRIÑÁN: "NO HUBO DEFICIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN"
A continuación de Chaves ha comparecido el expresidente de la Junta José Antonio Griñán quien ha mostrado su convencimiento de que la Administración regional actuó, en el caso de los fondos de formación, de acuerdo con la legalidad y ha afirmado que "las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella".
Durante su comparecencia Griñán ha sostenido que en esta cuestión la Administración "ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas".
El expresidente andaluz, que ocupó este cargo entre 2009 y 2013, ha resaltado que el Interventor General de la Junta definió el procedimiento relacionado con las exceptuaciones como "garantista" y ha subrayado que "no existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía".
"En esta cuestión el gran problema es que no hay suficientes recursos humanos para desarrollar todas las funciones" relacionadas con las ayudas, ha mantenido Griñán, quien ha recordado que desde 2010 la ley de presupuestos "cierra la apertura a cualquier aumento de plantilla".
