Cinco asociaciones de trabajadores de la Seguridad Social mostraron este lunes su rechazo conjunto a una posible transferencia de la gestión de esta competencia al País Vasco tras el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez, advirtiendo de que “la articulación de nuestro sistema de Seguridad Social no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas”.
Así lo pusieron de relieve en un comunicado conjunto la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de Administración de la Seguridad Social , el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y las asociaciones de interventores y auditores, de letrados y de médicos evaluadores de este organismo.
“Apelamos a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado como única forma de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso”, indicaron las organizaciones firmantes. Destacaron que la unidad de la Seguridad Social responde a un mandato de la propia Constitución, lo que también ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional.
A juicio de estas organizaciones, “resulta evidente que la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad de todos los españoles, con independencia del territorio donde residan”.
“La sostenibilidad y garantía de nuestro sistema no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional”, aseveraron.
Además, explicaron que la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social garantizaría una gestión única y uniforme, respondiendo a las exigencias de simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia, así como a la “mejor aplicación de los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones que informan el sistema español de Seguridad Social y que la recomendación octava del Pacto de Toledo invoca expresamente para su creación”.
Por último, subrayaron que la consideración de cuerpos nacionales garantiza el “ingreso único” de sus funcionarios mediante convocatoria y procesos selectivos unitarios de carácter estatal, así como la reserva y cualificación técnica de sus respectivas funciones.