La reforma del Código Penal castigará igual el asesinato de un menor que el terrorismo

La reforma del Código Penal que comenzará su tramitación parlamentaria el próximo jueves, según ha precisado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, establecerá el máximo reproche penal para los asesinatos de menores de 16 años, con lo que equiparará su castigo al de los delitos contra el terrorismo.

Gallardón ha recalcado esta equiparación penal durante la inauguración del V Foro de Encuentro Justicia e Infancia, en un acto en el que también ha participado la directora del departamento de Dignidad Humana y Género del Consejo de Europa, Elda Moreno.

Durante su intervención en el foro auspiciado por el Consejo de Europa, Justicia y Sanidad, además de por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, el ministro ha repasado las principales iniciativas legislativas del último año para proteger a la infancia.

SE ELEVA LA EDAD PARA MANTENER RELACIONES SEXUALES

Entre ellas, ha destacado el nuevo Código Penal que, según ha señalado, deja claro que "no habrá una respuesta insuficiente para aquellos delitos cometidos contra los menores".

Así, según ha explicado, se eleva la edad de consentimiento sexual con carácter general a los 16 años, se tipifica como delito hacer presenciar a un menor de edad actos de naturaleza sexual y se mejora el tratamiento penal de los delitos de explotación de esta índole. Para ello se incluyen nuevas herramientas para luchar contra la pornografía infantil

Explotar a un menor para que cometa actos delictivos o detenerlo ilegalmente o secuestrarlo tendrá, además, una respuesta penal más severa que en los anteriores códigos penales.

Y el asesinato de un menor de 16 años pasará a ser castigado con la máxima pena prevista, de tal forma, ha comentado el ministro, que "se iguala el reproche penal a matar a un menor de 16 años a los que tienen los delitos de terrorismo y contra cualquier tipo de situación que pueda significar racismo".

De esta forma, se establece el máximo reproche para los asesinatos de menores de 16 años, que pasan a ser castigado con prisión permanente revisable.

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

También Gallardón se ha referido al real decreto aprobado en febrero de este año que reconoce el derecho de los menores víctimas de abusos o maltrato a recibir asistencia jurídica gratuita.

Ha citado también varios proyectos de ley que se encuentran en diferentes fases de tramitación, como el Estatuto de Víctimas del Delito, que se ha remitido al Parlamento, y que es una trasposición de una directiva europea, aunque "se ha ido más allá", ya que pretende ser un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de las víctimas.

Se regulan los derechos de los menores que sean víctimas de explotación o pornografía infantil, protegiendo su intimidad y evitando su victimización secundaria ya que de lo se trata es que no tenga contacto durante el proceso con el agresor.

Asimismo ha hecho hincapié en los dos anteproyectos de ley para actualizar la legislación de protección del menor desde el ámbito civil y administrativos.

Los dos textos están "en estado avanzado" y recogen innovaciones como la de desarrollar un concepto jurídico, "hasta ahora difuso", el del interés superior del menor, que pasa por primera vez a ser un principio general de carácter interpretativo como derecho sustantivo y como norma de procedimiento.

Este principio se aplicará en numerosos procedimientos en los que los menores sean parte.

Se regulan también las situaciones de riesgo y desamparo, con especial atención a lo que suponga un riesgo para la salud psíquica del menor, incluida en la etapa prenatal.

EL PSOE DENUNCIA QUE EL ANTEPROYECTO LEGALIZA LA PROSTITUCIÓN

El PSOE ha denunciado que el anteproyecto de Código Penal que el Gobierno ha enviado a las Cortes supone de facto legalizar los grandes negocios de prostitución en favor de establecimientos como el futuro Eurovegas, cuya construcción está prevista en la Comunidad de Madrid.

En un encuentro informativo, la diputada socialista Ángeles Álvarez ha explicado que el Ejecutivo ha introducido en el último borrador unas condiciones para castigar este tipo de delitos que no figuraban en el texto sometido a la opinión de los consejos de Estado, del Poder Judicial y Fiscal, y que además serán, a su juicio, de aplicación casi imposible.

El texto establece que será castigado con una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que se lucre de la prostitución ejercida por una persona, aun con el consentimiento de la misma.