La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado hoy que en la ciudad de Barcelona el 1 de octubre, fecha del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, "se podrá participar" y que se podrá hacer "sin poner en riesgo institución ni servidores públicos". "Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona el 1-O se podrá participar sin poner en riesgo institución ni servidores públicos", ha escrito la alcaldesa en Twitter en alusión a un acuerdo con el Govern para facilitar la participación, del que aún no se han dado a conocer los detalles.
Colau, ha garantizado que el acuerdo alcanzado con la Generalitat para que se participe en la ciudad en el referéndum "no entra en contradicción" con el informe del secretario municipal, que avisa de que ceder locales es inconstitucional.
No ha querido concretar los detalles de este acuerdo: "Quien organiza y convoca el referéndum es la Generalitat, e irá informando regularmente", pero ha asegurado que cumple las dos premisas con las que trabajaba su Gobierno municipal: permite la participación en la ciudad y no pone en riego ni a la institución ni a funcionarios.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo ha confirmado y ha celebrado el "acuerdo" con Colau, por el que se "preserva" tanto a instituciones y funcionarios como el "derecho" de los barceloneses a votar "con normalidad" en el referéndum que quiere organizar el Govern el 1-O. Ha sido en una visita al semanario El Vallenc en Valls (Tarragona).
Puigdemont ha evitado dar detalles de la fórmula que han encontrado el gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sobre los locales de votación del 1-O, pero se ha mostrado satisfecho con el desenlace de las negociaciones entre ambas instituciones. "Estoy muy contento por el acuerdo, el entendimiento que tenemos con la ciudad de Barcelona, para poder hacer posible una aspiración que compartíamos. Hemos encontrado la manera de hacerlo, cada uno preservando lo que tenía que preservar: instituciones, funcionarios, pero sobre todo preservando también un derecho básico, que es que la gente de Barcelona finalmente podrá votar con normalidad", ha afirmado.
Para Puigdemont, es una "gran noticia, un muy buen entendimiento con la alcaldesa", cuyo "compromiso en este sentido siempre ha sido inequívoco" con el 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional.
EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE DE BARCELONA, EL SOCIALISTA JAUME CALLBONI, LO IGNORA Y SE MUESTRA CONTRARIO
Sin embargo, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni ignoraba el acuerdo. "Si ha habido acuerdo" para el 1 de octubre ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no facilitará "ni locales ni medios" para la votación ha afirmado hoy a Efe.
El dirigente del PSC ha defendido que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha defendido que el consistorio barcelonés no incumplirá la legalidad y hará caso el informe del secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.
Preguntada Colau por la afirmación del segundo teniente de alcalde ha dicho: "Sin entrar en contradicción con el señor Collboni ni el secretario, estamos de acuerdo que hay que preservar la institución y sus trabajadores, como también hay que facilitar que los ciudadanos" puedan participar en el máximo de puntos.
EL INFORME DEL SECRETARIO MUNICIPAL ADVIERTE A COLAU QUE NO DEBE COLABORAR
El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado hoy que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
El informe no tiene carácter preceptivo y fuentes municipales han indicado que el gobierno municipal "mantiene las conversaciones con el Govern para facilitar la movilización del 1-O".
La alcaldesa de Barcelona solicitó el pasado 7 de diciembre a la secretaría del Ayuntamiento que comprobara la disponibilidad de los locales utilizados habitualmente como centros de votación, de cara a atender al requerimiento que le hicieron el presidente y el vicepresidente del Govern para que los pusiera a disposición de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre. También pedía que se emitiera un informe sobre los riesgos jurídicos para la institución y para el personal de la misma derivados de su eventual participación en el referéndum, según explica el informe del secretario, que no tiene carácter preceptivo.
En las conclusiones, el secretario general subraya que la puesta a disposición de la Generalitat de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación supondría incumplir un mandato "expreso, claro y taxativo" del Tribunal Constitucional, en el que se advierte de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en que podrían incurrir todos los poderes públicos en el caso de no atender a su requerimiento.
"La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse a realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la puesta a disposición de locales para la votación", concluye el secretario municipal.
LA ALCALDESA DE BADALONA PODRÍA SER LA PRIMERA DE LOS 712 ALCALDES CITADOS A DECLARAR
Y es que el éxito o fracaso de la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional se juega en terreno municipal.
Son 712 los alcaldes señalados como sospechosos de colaborar en la preparación del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. La mayor parte de ellos irá a declarar de forma voluntaria.
Ya se ha convocado por parte de la Asociación de Municipios para la Independencia una concentración de los alcaldes apercibidos el próximo sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona.
La Fiscalía ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover el referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Los que quieren tensar la situación son los alcaldes de la CUP que se niegan a declarar y destruyen públicamente los apercibimientos del Constitucional. Sobre ellos pesa la amenza de detención.
La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater de Podemos, que gobierna con el apoyo del la CUP, y es el municipio de mayor población de entre los que han firmado decretos para ceder locales en los que celebrar el referendum, debe comparecer la primera ante los fiscales de Cataluña. Ella asegura estar tranquila.
