Colau paraliza la cesión de colegios para el 1-O a la espera de garantías

Los Ayuntamientos catalanes tienen menos de 24 horas para decidir si van a colaborar o no con el referéndum independentista del 1 de octubre. La presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha asegurado que más de 600 ayuntamientos han manifestado públicamente que colaborarán en la organización del referéndum del 1 de octubre.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales para celebrar el referéndum del 1 de octubre en la ciudad tras la suspensión del TC, a la espera de que el Govern aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios.

Colau se lo ha hecho saber por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la de éste a los ayuntamientos catalanes para que respondieran en 48 horas sobre su disposición para habilitar el dispositivo electoral.

El portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha reiterado ante los medios "el pleno compromiso de Barcelona para que se pueda ejercer el derecho a participación", pero siempre que no haya riesgo ni para la institución ni para sus trabajadores".

Colau recuerda en su carta a Puigdemont que en cuanto le llegó su petición ordenó al secretario general del Ayuntamiento que "se iniciasen los trámites ordinarios para comprobar la disponibilidad del dispositivo habitual que se pone en marcha en cualquier proceso electoral", lo que afecta a más de 260 colegios electorales y a más de 1.300 mesas electorales.

Pero también recuerda al presidente de la Generalitat que todos estos trámites han quedado afectados por la suspensión del Tribunal Constitucional.

La alcaldesa ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Barcelona para "garantizar y facilitar el derecho a la participación política y a la movilización ciudadana", pero "siempre que no se ponga en riesgo a la institución y a los servidores públicos municipales".

Ante este escenario, Colau ha devuelto la pelota a la Generalitat al solicitar a Puigdemont que les informe de "cuáles son las actuaciones" que la Generalitat tiene previstas, "teniendo en cuenta las circunstancias".

Al respecto, Gerardo Pisarello ha comentado que "no le damos prisas" a Puigdemont para la respuesta de la Generalitat, ya que entienden que la contestación debe ser "serena y tranquila".

Los alcaldes del PSC de Mataró, L'Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet se mantiene firmes y no cederán espacios municipales para el referéndum catalán, suspendido por el Tribunal Constitucional.

MATARÓ, HOSPITALET Y SANTA COLOMA NO FACILITARÁN ESPACIOS PARA EL REFERÉNDUM

El alcalde socialista de Mataró, David Bote, ha asegurado este viernes que se mantendrá firme en su decisión de no facilitar espacios municipales para la celebración del referéndum del 1-O y ha añadido que su principal objetivo es el cumplimiento de la ley. "Al tomar el cargo prometí cumplir la ley y hay que mantenerse fiel a lo que uno dice", ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press. Así, ha reconocido que el único ordenamiento que vale es el del Tribunal Constitucional.

También la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, ha rechazado ceder locales para el 1-O en esta ciudad -la segunda de Cataluña, con más de 250.000 habitantes-, después que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente la ley del Referéndum y los decretos de convocatoria y normas para su celebración. "Se considera que, conforme a la legalidad vigente, no procede tramitar su petición", ha respondido la alcaldesa a la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron a los alcaldes y a la que ha tenido acceso Efe.

Marín es la segunda alcaldesa socialista de una gran ciudad de Cataluña, tras Santa Coloma de Gramenet, que envía una misiva rechazando la cesión de los colegios electorales habituales, tras la suspensión del Constitucional.

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA ADVIERTE A LOS ALCALDES QUE DEBEN IMPEDIR LA CONSULTA

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha enviado hoy una carta a los alcaldes catalanes en la que les advierte de que no sólo no deben colaborar con el referéndum de independencia convocado por el Govern para el 1 de octubre, sino que deben impedirlo. "Se les advierte a todos ellos (los alcaldes) de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", señala Millo en la misiva, a la que ha tenido acceso Efe.

Millo ha anunciado tras un acto en el Ayuntamiento de Barcelona que de acuerdo con lo que establece la providencia del Tribunal Constitucional que suspende la Ley del Referéndum y los decretos posteriores ha enviado hoy una carta a los 947 alcaldes de Cataluña informándoles de ella y advirtiéndoles que tienen "la obligación" de no tomar ninguna iniciativa e incluso impedir cualquiera que "tienda a ignorar" su contenido.

El delegado del Gobierno ha explicado también que los Mossos d'Esquadra, como policía judicial, "auxiliarán" al juez en la aplicación de las medidas cautelares que decidan los tribunales para impedir la celebración del referéndum de secesión.

FEMP: QUIENES COOPEREN ESTARÁN EN ACCIONES ILEGALES

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sostenido que "ningún ayuntamiento va a sucumbir a las presiones" del Gobierno catalán ante el referéndum, y ha advertido que todos aquellos que cooperen en su celebración "estarán en acciones ilegales, apoyando una consulta ilegal y contra la democracia".

Caballero ha recordado que el Tribunal Constitucional acordó este jueves la suspensión cautelar de la ley y de la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre aprobados por el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, por lo que ha insistido en que es un proceso "ilegal e ilegítimo".

Ante todo esto, ha apuntado que es "intolerable que una institución esté presionando a los ayuntamientos para que pongan locales a disposición de una consulta ilegal e ilegítima". "Si está sucediendo, mi condena absoluta a esas presiones, que son antidemocráticas y delictivas", ha remarcado.

A renglón seguido, se ha mostrado convencido de que "los ayuntamientos van a respetar las leyes y la democracia", y en todo caso ha manifestado querer conocer qué consistorios están siendo objeto de dichas presiones para darles "todo --el-- apoyo", políticamente desde la FEMP, y también en los tribunales.