El juicio contra la cúpula de las formaciones Batasuna, PCTV y ANV, en el que están procesadas 35 personas por integración en banda terrorista -entre ellas históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena-, comenzará este lunes en la Audiencia Nacional.
El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de la localidad madrileña de San Fernando de Henares a partir de las 10.00 horas y continuará el martes y miércoles, así como los días 19, 20, 21, 29 y 30 de este mes y durante otras 24 jornadas de marzo, abril, mayo y junio.
Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados, que se enfrentan a peticiones fiscales de 10 años de cárcel, también se encuentran las exparlamentarias vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV)Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).
El resto de procesados son el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.
También están encausados Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Karmele Ayerbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Gotzon Zubimendi, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde.
El resto son Iñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Maite Fernández Labastida, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Aurore Martín.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los inculpados en este sumario (4/08) que será juzgado en la sección segunda de la Sala de lo Penal del citado tribunal.
El Ministerio Público también demanda que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala 61 del Tribunal Supremo.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera "en base a la legalidad española".
Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acreditó en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.
En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line".
Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".
