El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado no haber recibido ninguna presión por la investigación de supuesta corrupción en torno al Instituto Nóos que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y ha añadido que la Fiscalía no actuará en este caso de manera diferente que en otros. En declaraciones a los periodistas antes de presidir en Palma la Junta de Fiscales Superiores, Conde-Pumpido ha explicado que el ministerio público está trabajando "intensamente" en esta causa derivada del 'caso Palma Arena', en la que se investigan los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad en torno al Instituto Nóos, que, al parecer, sirvió para desviar dinero público.
"No he recibido ninguna presión. La Fiscalía trabaja en este caso exactamente igual que en cualquier otro, garantizando la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de todos y tratando de esclarecer al máximo los intereses generales", ha dicho Conde-Pumpido.
A esto ha añadido que para el ministerio fiscal éste "no es un caso que requiera un tratamiento diferencial" y que la Fiscalía "trabajará con los mismos criterios que actúa, que siempre son de rigor y de legalidad". Ha recordado que, si bien el Rey y su heredero sí tienen protección especial en materia judicial, Urdangarín no goza de este privilegio.
Preguntado acerca de la posible citación como imputado de Urdangarín, ha apuntado que ahora los fiscales anticorrupción de Baleares están trabajando en analizar toda la documentación incautada la semana pasada en Barcelona en varios registros efectuados en el Instituto Nóos y otras empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres.
También tienen los fiscales, ha continuado, que tomar declaración a varias personas implicadas antes de remitir la información a su superior, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas. Conde-Pumpido ha explicado que, una vez se hayan practicado estas investigaciones, Salinas será quien tome una decisión sobre "por dónde continúan las investigaciones".
EL JUEZ PREGUNTA AL FISCAL SI LA AUDIENCIA NACIONAL DEBE INVESTIGARA A URDANGARÍN
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha preguntado a la Fiscalía si este tribunal es competente para investigar el supuesto desvío de dinero público del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, tal y como ha pedido la defensa del expresidente balear Jaume Matas. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el escrito presentado el pasado viernes por el abogado de Matas reclamando que la Audiencia Nacional asuma la competencia de esta investigación ha correspondido por reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.
Por el momento, el magistrado ha dado traslado a la Fiscalía de este tribunal para que informe al respecto, han señalado las mismas fuentes, que han añadido que el Ministerio Público de la Audiencia Nacional se lo comunicará a la Fiscalía Anticorrupción.
En cuanto a la petición por parte del expresidente balear Jaume Matas de que sea la Audiencia Nacional la que instruya esta pieza del 'caso Palma Arena', dado que se ramifica en varias comunidades autónomas, el fiscal jefe ha opinado que, de momento, se puede seguir investigando en Baleares por parte de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en las islas.
Para el abogado de Matas, la instrucción de la causa no corresponde al juez del caso Palma Arena, José Castro, sino a la Audiencia Nacional ya que los supuestos perjudicados son organismos públicos de Baleares, Comunidad Valencia, Cataluña y Madrid.
En 2005 y 2006, cuando Matas era presidente, el Govern balear firmó con Nóos dos convenios por un total de 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo, y Anticorrupción sospecha que parte de ese dinero se desvió a empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres.
Por ello, Anticorrupción, que la semana pasada practicó varios registros e interrogatorios en Barcelona, investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
Según consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena para autorizar los registros llevados a cabo por Anticorrupción, Urdangarín entró en 2003 como administrador del Instituto Nóos y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006. "La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)", sostiene el fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach.
De esa manera, destaca el fiscal, conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
No obstante, afirma Anticorrupción, organizaron simultáneamente un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nóos y "apoderarse" de ellos.
"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", describe el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".
