Condenados a 17 años tres grapos que colocaron una bomba en Madrid en 1998

La Audiencia Nacional ha condenado a diecisiete años de cárcel a tres miembros de los GRAPO, entre ellos Fernando Silva Sande, quien en su día reveló a la Policía datos sobre la muerte del empresario Publio Cordón, por colocar una bomba en un restaurante de Madrid en 1998 que provocó daños materiales.

En la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se considera a Manuel Pérez Martínez, María Victoria Gómez y a Silva Sande autores de un delito de estragos terroristas y se les impone la misma pena que pidió la Fiscalía en el juicio, celebrado el pasado mes.

Además, tendrán que indemnizar de forma conjunta a la empresa de trabajo temporal People con 105.752,66 euros, al restaurante "Tamara" con 85.261,83 euros y a la comunidad de propietarios de la finca situada en el número 33 de la Avenida de América, donde explotó el artefacto, con 603,57 euros.

En la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González Pastor, se considera probado que Silva Sande, alias "Antonio o Antón"; Gómez Méndez, "Pilar", y Pérez Martínez, "camarada Arenas", eran miembros del comando central de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y decidieron realizar un ataque a una oficina de la empresa People en Madrid.

Así sobre las 5:15 horas del 29 de enero de 1998 estalló un artefacto explosivo en la citada empresa que afectó al restaurante colindante y al edificio en el que ambos se encontraban ubicados.

La bomba produjo un cráter de 35 centímetros de diámetro y 8 de profundidad que "afectó a paredes y tabiques de los dos establecimientos y a los bajos de la finca, con el consiguiente peligro para sus ocupantes", especialmente para el portero de la finca y su familia.

Tras la explosión, los GRAPO reivindicaron esta acción terrorista a través del diario "Las Provincias" de Valencia. En su turno de última palabra, el "camarada Arenas" recriminó al tribunal de la Audiencia Nacional que por una "ley fascista está metido en la cárcel", lo que hizo que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ordenara que lo sacaran de la sala.