Condenados a 439 años los piratas somalís del Alakrana, cuyo rescate pagó el Gobierno

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 439 años de prisión a los dos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji, asegura "sin duda alguna", que "no ha sido la empresa armadora sino organismo públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y el propio pesquero".

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han condenado a los dos acusados a 396 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal (11 años por cada marinero retenido), a cinco por robo con violencia, a dos por la comisión de un delito de asociación ilícita y a uno más por 36 delitos contra la integridad moral.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González, absuelve a los acusados de los delitos de terrorismo, integración en banda armada, lesiones y torturas, que eran imputados por las acusaciones particulares. Además, condena a los dos piratas al pago de una indemnización de 100.000 euros a cada tripulante por los daños morales que recibieron durante el secuestro y de otros 2.500 euros por el dinero y efectos de los que se apropiaron los somalíes.

PAPELES CLASIFICADOS

El tribunal, que obtiene la conclusión sobre el pago del rescate "como resultado de la prueba practicada en el acto del juicio", considera "innecesaria" la solicitud de desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre este asunto, como solicitaron las defensas de los dos condenados.

Así, la sentencia recuerda que la entrega del dinero a cambio de la liberación fue investigada en una pieza separada por el juez instructor Santiago Pedraz. En el marco de la causa, el magistrado reclamó en tres oficios datos al Servicio de Información de la Policía, a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y al CNI.

También agrega que las contestaciones ofrecidas sólo permitieron averiguar que la empresa armadora del buque atunero "no realizó ningún pago". Los servicios de inteligencia se limitaron a indicar que "no era posible legalmente informar sobre lo solicitado" ya que la cuestión había sido declarada clasificada por el Consejo de Ministros.

La resolución detalla que los secuestradores exigieron para la devolución del pesquero y de su tripulación el pago de 10 millones de dólares y la libertad de los dos piratas detenidos. Esta cantidad se redujo después a algo menos de la mitad, según declaró durante la celebración del juicio el armador Kepa Etxebarría.

El tribunal también hace mención a que el encargado de negociar con la persona designada por los piratas --conocido como 'Yama'-- fue "un tal 'Pepe'" con el que los secuestradores mantenían "un trato telefónico frecuente sobre las condiciones del rescate".

La resolución, que considera "de todo punto increíble" la versión aportada por los acusados para explicar su presencia en el 'Alakrana', destaca que los 36 tripulantes, que permanecieron retenidos 47 días, estuvieron sometidos a "un palpable riesgo de perder sus vidas" a raíz de la detención de los piratas y su posterior traslado a España.

Así, la ponente indica que el arresto de 'Abdu Willy' y Raageggesey Hassan Aji provocó que aumentaran "las formas de intimidación hacia la tripulación", entre las que destaca "un simulacro de fusilamiento" que desencadenó "pánico" e incluso "la descomposición de los organismos" de los marineros.

Del mismo modo, detalla otros episodios como el traslado a tierra de tres tripulantes o el confinamiento en sus camarotes de los marineros, a los que se les impedía dormir a través de continuas irrupciones de hombres armados.

El comportamiento de los piratas era "hostil y despiadado" --dice la sentencia-- que agrega que mostraban "una innecesaria crueldad" y "un trato humillante y vejatorio" hacia los retenidos. Por ello, el tribunal ha considerado a los dos condenados culpables de la comisión de un delito contra la integridad moral.

TRINIDAD JIMENEZ REITERA QUE EL GOBIERNO NO PAGO RESCATE

La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha asegurado hoy que el Gobierno "no pagó rescate" para que los piratas liberaran a la tripulación del pesquero "Alakrana", en contra de lo que ha sentenciado la Audiencia Nacional de que el Ejecutivo sí dio el dinero a los secuestradores "sin duda alguna".

Jiménez ha expresado la postura del Ejecutivo en relación con este asunto en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado después de intervenir en la sesión de control. "El Gobierno español, en todo momento, defendió que no hubo pago de rescate por parte del Gobierno. Por tanto, sigo manteniendo lo que en su momento dijeron el presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) y la ministra de Defensa (Carme Chacón)", ha sostenido Jiménez.

La titular de Exteriores ha afirmado que "lo único que le importaba" al Ejecutivo es que los marineros del "Alakrana" volvieran "sanos y salvos". "Algo, por cierto, que conseguimos", ha añadido.

Hasta en tres ocasiones, Jiménez ha insistido en que el Ejecutivo no pagó dinero alguno por liberar a los 36 tripulantes del atunero vasco.

Por el contrario, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la sentencia de la Audiencia Nacional supone un "varapalo" a la credibilidad del Ejecutivo. "Su palabra ha quedado en entredicho", ha enfatizado, empezando por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, siguiendo por los que por aquel entonces eran su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, así como por la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y el titular de Justicia, Francisco Caamaño.

Según Sáenz de Santamaría, todos ellos afirmaron "por activa y por pasiva" que no hubo "nunca" un pago del rescate a los secuestradores del 'Alakrana', por lo que ha añadido que deben ser ellos los que tengan que dar explicaciones por esos hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional, que ponen de manifiesto lo contrario. "Su palabra ha quedado en entredicho y con ella una vez más la credibilidad de este Gobierno, que hace aguas por todas partes".