Condenan a tres años de cárcel y multa de 50 millones a la excúpula de UGT Andalucía por fraude
- Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo
El exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a tres años de cárcel y multa de 50 millones de euros por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil por financiar actividades propias del sindicato con fondos de la Junta para cursos de formación.
El tribunal, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso EFE este miércoles y de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, impone además condenas de entre tres años y seis meses de prisión a otros cuatro excargos del sindicato y absuelve a nueve acusados que actuaron como proveedores de UGT-A a través de sus empresas.
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Fernández Sevilla, indica la resolución, aplicó "de forma consciente y fraudulenta" fondos públicos por un importe total de 40,62 millones de euros dedicados a cursos de formación de personas desempleadas y ocupadas a "fines distintos" de los que "debieron destinarse".
De esta forma, UGT-A dispuso de tales fondos para "financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron".
En la sentencia, notificada este miércoles y contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, el tribunal sevillano aplica la atenuante de dilaciones indebidas e impone al exsecretario general la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años y medio.
Asimismo, la Sección Tercera impone las mismas condenas a otros tres excargos del sindicato, el exvicesecretario general de administración de UGT-A, la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato, y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe.
También condena a la que era responsable del departamento de Compras de UGT-A, aunque en este caso como cómplice y le impone seis meses y dos días de cárcel, multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.
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En concepto de responsabilidad civil, los cinco condenados tendrán que indemnizar con un total de 40,62 millones a la Junta, siendo UGT-A responsable civil subsidiaria de dicha cantidad."Alarma social"
Los magistrados tienen en cuenta en su condena la "gravedad" de la conducta desarrollada, el montante de las subvenciones, la cuantía de lo defraudado, la multiplicidad de solicitudes y de modalidades delictivas, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y, en general, para la sociedad.
También se refieren a la "alarma social" que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados.
La Audiencia absuelve a otros nueve acusados que fueron enjuiciados como cooperadores necesarios tras actuar como proveedores del sindicato a través de las empresas a las que representaban, al no entender acreditado que tuvieran conocimiento del destino que iba a darse a los descuentos, comisiones o los denominados 'rappels' que habían acordado y concedido al sindicato.
La sentencia recoge que, entre 2009 y 2013, por decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-A, se pusieron en marcha una serie de procedimientos de los que se sirvieron de distintos proveedores del sindicato y entidades vinculadas para obtener una vía de financiación y sufragar gastos de estructura propios de la organización a costa de los fondos públicos concedidos con las subvenciones de las que resultó ser beneficiaria.
Entre otras cuestiones, hace referencia a la obtención de descuentos y comisiones de los proveedores que no figuraban en las facturas presentadas como justificación de gastos ante el órgano concedente de la subvención.
Al ocultar su realidad, se conseguía así imputar íntegramente su importe a la subvención sin tener en cuenta el descuento pactado, con lo que UGT-A se quedaba con la diferencia entre el coste declarado y lo realmente soportado.
