Congreso y Senado ratifican las propuestas del pacto de Estado de violencia de género

Las comisiones de Igualdad del Senado y del Congreso de los Diputados han aprobado este viernes sendos acuerdos con propuestas para la elaboración de un pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los dos han sido elaborados por los miembros de las cámaras (a través de una ponencia de estudio en el caso del Senado y mediante una subcomisión en el del Congreso) y salieron adelante con un amplio consenso, lo cual no impide que se hayan presentado votos particulares que deberán debatirse en las respectivas cámaras.

El pacto de estado contra la violencia de género ha salido adelante en la comisión de igualdad dle Congreso. El acuerdo, el primer gran pacto de la legislatura, se ha cerrado con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Podemos. Ahora deberá ser debatido y aprobado en pleno el próximo mes de septiembre. De allí saldrá un texto que incluye 200 medidas y mil millones de euros de inversión para cinco años.

Entre los puntos en común, ambas iniciativas coinciden en reclamar una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años a repartir entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. De estos fondos, 100 millones corresponderían a los municipios, 500 a las autonomías y 400 al Gobierno central.

COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD

En ambos acuerdos se subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre servicios sanitarios, sociales y judiciales; incidir en la formación de niños, jóvenes y docentes, así como garantizar la accesibilidad universal de los recursos y mejorar la preparación de los trabajadores sanitarios, agentes judiciales y policiales y mediadores sociales.

Los dos recogen la necesidad de ampliar el concepto de víctima y reconocer así la realidad de las mujeres que sufren violencia sexual o que son víctimas de tráfico de seres humanos, si bien aportan distintas soluciones en este sentido.

También apuestan por limitar el derecho de dispensa que tienen las víctimas a no declarar contra su agresor recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque la ponencia del Senado sugiere emplear videograbaciones del testimonio en la fase de investigación y el informe del Congreso apuesta por modificar directamente la ley.

PROTECCIÓN DE MENORES

Asimismo, coinciden en la necesidad de reforzar la protección de los menores, tanto de aquellos que son hijos de víctimas como de quienes padecen abusos; piden suspender el régimen de visitas y la custodia compartida si median denuncias por violencia de género, y reclaman campañas específicas y estrategias adecuadas para las mujeres más vulnerables (con discapacidad, inmigrantes, menores, etc.).

El texto aprobado en la Cámara Alta contiene 267 medidas y todo indica que se aprobará sin apenas modificaciones, pues el PP cuenta con mayoría absoluta en la comisión parlamentaria. Entre otros puntos, los grupos de la oposición en el Senado piden incluir la prostitución en la definición de trata y modificar el artículo 1 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, a fin de ampliar el concepto de víctima.

En el acuerdo del Congreso sí cabe esperar más novedades, entre ellas las que tienen que ver con la mayor celeridad en la puesta en marcha de las medidas recogidas en el pacto y con la aprobación de partidas extraordinarias para que "el dinero llegue en 2017 y no haya que esperar al año que viene". Así lo han pedido PSOE, Unidos Podemos y Compromís, que reclaman una dotación aún mayor.

DISCAPACIDAD

El PSOE propone también cambios en la Ley de Violencia de Género y en la de Interrupción Voluntaria del Embarazo (para que las víctimas menores de 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno), mientras que las recomendaciones de Ciudadanos van en la línea de mejorar la fiscalización de los fondos. Además, en el Congreso hay un voto particular para que el término diversidad funcional sea sustituido por el de discapacidad.

Una vez se aprueben ambos acuerdos, deberán ser respaldados en el Pleno de ambas cámaras y el Ejecutivo dispondrá de dos meses para implementar sus medidas. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, prometió que el pacto entrará en vigor este otoño.