El Congreso aprueba la resolución contra la corrupción

El Congreso de los Diputados aprobó hoy con 214 votos a favor, dos en contra y las 120 abstenciones del PSOE una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación que pide al Gobierno que ponga en marcha un amplio paquete de medidas contra la corrupción y la regeneración democrática en España.

El texto está suscrito por los portavoces en el Congreso de los Diputados del Partido Popular; Convergencia i Unión; Unión, Progreso y Democracia; Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

La iniciativa funde en una sola algunas de las propuestas que habían planteado distintos partidos políticos, entre las que destaca que la futura Ley de Transparencia incluya a todos los partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales "y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público".

Aunque no se cita expresamente a la Casa Real, casi la totalidad de los firmantes son partidarios de que los gastos de La Zarzuela estén sometidos a la Ley de Transparencia. Sin embargo, el Gobierno es reacio a esta cuestión al entender que algunos de esos gastos están protegidos por una especie de estatuto propio.

La resolución introduce, además, una "claúsula" para que las obligaciones de transparencia para los partidos políticos tenga una "entrada en vigor inmediata".

NUEVAS LEYES

Entre otras cuestiones, la resolución insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a remitir al Parlamento varios proyectos legislativos: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Poilíticos con "nuevas exigencias" para el control de los gerentes y tesoreros de estas formaciones; una Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para controlar más y mejor a los partidos; una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para impedir que los corruptos puedan recibir contratos públicos; una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas que sirva de Estatuto del Cargo Público; una reforma del Código Penal para incrementar las sanciones por corrupción; y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos en este tipo de casos.

El pacto suscrito entre los distintos grupos parlamentarios también apuesta por elaborar un "pacto ético" entre los partidos para definir cómo actuar contra los cargos políticos que sean imputados por corrupción y una "comisión independiente" de expertos para que remitan al Parlamento medidas sobre la regeneración democrática.

El resto de los compromisos piden al Gobierno que regule el tratamiento con los lobbies, que se estudie la duración de las campañas electorales, que se endurezca la lucha contra el transfuguismo, que se impulse la Iniciativa Legislativa Popular y que se mejore el sistema de voto de los españoles residentes en el extranjero.