El Pleno del Congreso votará este martes una moción de CiU en la que se insta al Gobierno a abrir un periodo de consultas con las comunidades autónomas, los agentes sociales y los grupos parlamentarios para redactar un plan de choque de creación de empleo a corto plazo que complete el proyecto de reforma laboral, que actualmente afronta su trámite parlamentario. CiU reclama que el plan de choque incorpore, "en el marco de los planes de empleo y del Fondo Social Europeo, un conjunto de medidas destinadas a facilitar el mantenimiento del empleo existente y a crear nuevos puestos de trabajo", con especial atención a los jóvenes, a los parados mayores de 45 años y al mantenimiento del empleo.
Y es que, pese a que el decreto ley de reforma laboral fue convalidado con el apoyo de los nacionalistas catalanes, CiU lo considera insuficiente para poder salir de la crisis y crear puestos de trabajo, y defiende que "es imprescindible adoptar otras medidas que acaben con la destrucción de empleo y creen puestos de trabajo este mismo año", especialmente entre la población más joven.
YA SE ESTA ACTUANDO EN ESTA MATERIA
Así, ante las previsiones de que el año acabará con unos 630.000 parados más, superando la barrera de los seis millones de euros, y ante un proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2012 que recorta la asignación a las políticas activas de empleo, los nacionalistas catalanes proponen al Congreso la puesta en marcha de medidas de estímulo, alertando de que limitarse a la austeridad puede agravar la crisis económica y prolongarla en el tiempo.
Esta moción, sobre la que deberán pronunciarse todos los grupos parlamentarios, se deriva de una interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sustanciada antes de la Semana Santa y durante la cual la responsable gubernamental ya aseguró que el Gobierno está actuando para crear puestos de trabajo en el corto plazo, además de acometer medidas para el medio y el largo plazo.
En cualquier caso, la votación de la moción dará la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de pronunciarse dos días antes del debate de las enmiendas de totalidad contra la reforma laboral, contra la que los nacionalistas catalanes no han presentado ningún texto alternativo aunque sí han anunciado que registrarán enmiendas parciales para modificar algunos aspectos del texto.
EL PSOE PIDE RETIRAR LA REFORMA O AL MENOS DESCARTAR DESPIDOS DE FUNCIONARIOS
El PSOE pedirá este martes al Pleno del Congreso la retirada de la reforma laboral, que el jueves se someterá al debate a la totalidad en la Cámara Baja, o que al menos se anulen las disposiciones que abren la puerta a la posibilidad de despedir a funcionarios, según consta en una moción de urgencia. Esta será la primera de las iniciativas contra la reforma que los socialistas promoverán a lo largo de la semana, junto con las preguntas del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno del miércoles en el Congreso.
Así, los socialistas insistirán una semana más en reclamar al Ejecutivo que abra el diálogo social y modifique la reforma laboral, coincidiendo con el envío de una nueva carta por los sindicatos CC.OO. y UGT a Rajoy para que retome las negociaciones ante el "éxito" de la huelga general y las consecuentes movilizaciones celebradas el pasado 29 de marzo.
IMPUESTO DE GRANDES FORTUNAS
Además, el Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes la propuesta del PSOE de crear un nuevo impuesto de grandes fortunas con el que, según sus cálculos, se podría llegar a recaudar hasta 3.000 millones de euros, la mitad de los cuales debería destinarse a las comunidades autónomas que, a su vez, estarían obligadas a gastar el 75% de ese dinero en sanidad, educación y servicios públicos esenciales.
A las puertas del debate sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2012, con la austeridad como mantra del Gobierno y con la posibilidad de introducir el copago sanitario de fondo, los socialistas proponen a la Cámara Baja la creación, en el máximo de tres meses, de un nuevo gravamen que sustituya al actual Impuesto sobre el Patrimonio y que sirva para aliviar las arcas públicas con el objetivo de poder cumplir el exigente objetivo de déficit fijado para este ejercicio.
Este nuevo impuesto debería "gravar la capacidad económica derivada de la riqueza, independientemente de dónde esté invertida, de acuerdo con una serie de criterios", si bien tiene que incluir "mínimos exentos en las cuantías necesarias para excluir a los contribuyentes con un patrimonio medio, así como la titularidad de la vivienda habitual hasta el valor máximo que se determine".
