El Congreso avala que los reales decretos del Gobierno se puedan enmendar

El Congreso ha abierto la puerta a que los reales decretos leyes del Gobierno se tramiten como proyectos de ley aún con las Cortes disueltas y, en consecuencia, se pueda modificar su contenido a través de enmiendas. Es una de las conclusiones que consta en el informe que los letrados de la Cámara han expuesto este miércoles ante la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, que preside Ana Pastor.

Cuando llegue el día de la Diputación Permanente, se abrirá la opción de que se vote la tramitación como proyecto de ley de los decretos leyes aprobados por el Gobierno en los llamados "viernes sociales", y si saliera mayoría para que así ocurra, la Mesa de dicha Diputación se reunirá al día siguiente para iniciar los plazos de presentación de enmiendas al texto.

Ciudadanos, visto el informe, ha aprovechado la ocasión para anunciar que pedirá tramitar como proyectos de ley los decretos "electoralistas" del Gobierno. El vicepresidente de la Mesa y diputado de la formación naranja, José Ignacio Prendes, ha dicho que con esta intención su grupo quiere defender la capacidad legislativa de los diputados, que cree que el Gobierno busca "hurtar" con la aprobación de decretos en periodo electoral.

El informe de los letrados lo había pedido la presidenta, Ana Pastor, para saber qué tiene que hacer la Cámara si durante una sesión de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos entre legislaturas como el actual, sale adelante la petición de un grupo de que el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley. No hay precedentes de que algo así haya ocurrido.

Los servicios jurídicos de la Cámara han avalado que ese trámite se pueda pedir, y por tanto, que se inicie todo el procedimiento de modificación del texto.

Mesa de la Diputación Permanente

Según ha explicado Pastor al término de la reunión, será la Mesa de la Diputación Permanente, que forman cinco diputados (Ana Pastor y Alicia Sánchez Camacho, del PP: José Ignacio Prendes, de Cs; Micaela Navarro, del PSOE; y Gloria Elizo, de Unidos Podemos), la encargada de fijar los plazos tanto para la presentación de una enmienda de texto alternativo como de enmiendas parciales. Es decir, los grupos podrán presentar una enmienda de totalidad, pero no para la devolución del decreto-ley, sino para sustituirlo por otro texto. También podrán presentar enmiendas a aspectos concretos.

Como las Cortes están disueltas y las comisiones parlamentarias han quedado desactivadas, será la Mesa de la Diputación Permanente la que tramite las enmiendas. Lo hará en lectura única, y por tanto, en plazos abreviados. Y si se cambiaran los decretos, estos pasarían al Senado, donde empezaría el proceso correspondiente.

Pastor ha explicado que el funcionamiento de la Diputación abarcará todo el periodo electoral actual, es decir, hasta el 20 de mayo, el día antes de la sesión de constitución de las nuevas Cortes. La presidenta no ha precisado la fecha que tiene en mente para la celebración de la primera Diputación del actual periodo entre legislaturas porque, según ha señalado, quiere hablar antes con el Gobierno para conocer cuál es su calendario. Ha recordado Pastor que dispone de un plazo de 30 días hábiles para convocarla y que éste caducaría el 6 de abril. Desde entonce hasta el 20 de mayo podría convocar más. Igualmente, ha indicado que no existe ninguna objeción legal para que haya reuniones de la Mesa de la Diputación Permanente o sesiones de dicho órgano en coincidencia con la campaña electoral, que comenzará el 12 de abril.

Permiso de paternidad

Así las cosas, la Mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad, después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma.

La no admisión del decreto crearía una situación inédita en el parlamentarismo español, según el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Cs, quien está convencido de que en ese caso la norma no se daría por convalidada y no podría entrar en vigor el próximo 1 de abril, como aprobó el Ejecutivo.