El Consejo Económico y Social (CES) aconseja al Gobierno en su dictamen sobre la reforma de pensiones que reconsidere la oportunidad de desligar la revalorización de las pensiones del IPC, puesto que el nuevo índice de revalorización propuesto acarreará una pérdida del poder adquisitivo.
El Pleno del Consejo Económico y Social (CES), en el que están representados el Gobierno, sindicatos, patronal y el tercer sector, ha aprobado el dictamen definitivo, aunque no vinculante, sobre el anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones.
El dictamen, aprobado por 43 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, señala que un índice de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema plantea dudas, ya que provocará pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, "que en principio no llegarían a recuperarse".
Respecto al factor de sostenibilidad, dice que no se ajusta "ni en la formulación concreta ni en el plazo previsto para su entrada en vigor" a lo establecido en la Ley 27 de 2011 y critica que la esperanza de vida sea el único parámetro utilizado en su cálculo.
En un principio estaba previsto que dicho factor entrara en vigor en 2027 y la primera revisión se hiciera cinco años después, pero el Gobierno ha propuesto que esté en vigor desde 2014 y se empiece a aplicar en 2019.
Además, el CES muestra su preocupación por los efectos de la "automaticidad" de la aplicación del factor de sostenibilidad, "basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida".
Por ello, pide que se combine con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral.
Asimismo, critica la premura de los plazos para la emisión del dictamen, que no ha facilitado un ejercicio de reflexión.
En términos generales, el dictamen considera que es un objetivo "primordial" garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad financiera.
El CES señala que es una obligación contribuir a garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones en la actualidad, y también en el medio y largo plazo, "respetando y reforzando los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional".
No obstante, el CES echa en falta una diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a los que se enfrenta el sistema y los estructurales relacionados con el envejecimiento de la población.
También pide que dentro del diálogo social y de la comisión del Pacto de Toledo se lleve a cabo una "profunda" reflexión para estudiar alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia.
El CES señala que es conveniente que se abran los cauces del diálogo social pertinentes para que por consenso se continúe con el proceso de viabilidad del sistema.
EL CONSEJO DE MINISTROS LO APROBARÁ ESTE VIERNES
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana viernes el anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de la Seguridad Social.
El factor propuesto por el Gobierno, que se aplicará en el momento de empezar a percibir la prestación y se revisará cada cinco años, tendrá en cuenta las variaciones de la esperanza de vida. Además, el Gobierno ha planteado modificar el modelo de revalorización anual de las pensiones para que no esté ligado exclusivamente a la inflación.
La propuesta del Ejecutivo es establecer una subida mínima del 0,25% anual que garantizaría que no haya bajadas ni congelaciones de estas prestaciones, pero también una subida máxima del IPC más un cuarto de punto.
En concreto, este nuevo modelo tendrá en cuenta, además de la inflación, la evolución de los ingresos y gastos, y la existencia de superávit o déficit.
El mecanismo que graduará la pensión en función de la esperanza de vida se empezará a aplicar en el año 2019, mientras que el nuevo modelo de revalorización anual comenzará en el próximo ejercicio.
La memoria que acompaña al anteproyecto de ley recoge una valoración económica elaborada por el Gobierno sobre el impacto de estas medidas hasta el año 2022, periodo en el que el ahorro previsto podría alcanzar los 32.940 millones de euros, es decir, algo más de tres puntos del PIB.
Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la reforma persigue, entre otros fines, asegurar el poder adquisitivo de las pensiones en el medio plazo.
Además el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la Ley de Desindexación de la Economía Española, con lo que se utilizará un índice diferente al IPC para las rentas públicas. El objetivo de esta norma, que se incluye en Plan Nacional de Reformas que el Gobierno remitió a Bruselas, tiene como objetivo aplicar un índice diferente del IPC en las rentas públicas, sobre todo en lo que se refiere a contratos administrativos.
Según explicó el Ejecutivo, esta normativa pretende eliminar los efectos "perjudiciales" derivados de la vinculación automática al IPC en la formación de precios y costes y evitar efecto de segunda ronda sobre la inflación.
