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(Actualizado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría de 15 votos a 6 la nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".

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El nuevo informe es muy crítico con el texto del Ejecutivo que contempla medidas de intervención para contener el aumento de precios del mercado del alquiler en las denominadas 'zonas tensionadas' por entender que esas limitaciones pueden causar inseguridad jurídica al invadir competencias de las comunidades autónomas.

Sobre la contención de precios, critica su alcance limitado y lo "farragoso" de las normas propuestas, añadiendo que, "nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído esta, quizás no resulte adecuada".

Los ponentes aseguran, además, que el coste patrimonial que implican las disposiciones finales del anteproyecto recaen sobre las espaldas de los arrendadores privados, que no serán “suficientemente compensados con los incentivos fiscales" previstos por las Administraciones Públicas.

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Considera el informe que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".

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El Gobierno ya ha dejado claro que el carácter del informe es vinculante pero no preceptivo y está dispuesto a aprobar la Ley de Vivienda en el próximo próximo Consejo de Ministros del martes 1 de febrero.

El presidente del PP, Pablo Casado lamenta la actitud del Ejecutivo y advierte que puede llevar la norma al Tribunal Constitucional.

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La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, defendió este jueves la “literalidad” del proyecto de Ley de Vivienda elaborado por el Ejecutivo y recordó que “no es la primera vez” que se impulsa una norma pese a no contar con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo dijo en una entrevista en TVE.

Desde el propio Gobierno, la ministra de Unidas Podemos Ione Belarra se ha reunido con plataformas sociales para asegurar la literalidad de ese proyecto de ley.

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