Un Consejo independiente se encargará de que se cumpla la Ley de Transparencia

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten en el pleno del Congreso.

El Gobierno renuncia de esta forma -como pedía la oposición- a que sea un órgano estatal ya existente el que cumpla esa función, la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

"Siendo muy conscientes de la relevancia que la transparencia ha ido tomando en el debate público y la exigencia ciudadana, les anuncio la voluntad de transformarla en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley", ha afirmado la vicepresidenta. En la intervención con la que ha abierto el debate, la vicepresidenta ha confirmado la inclusión en su ámbito de aplicación de la Casa del Rey y ha destacado que ésta será "la primera Monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia".

También ha aceptado la inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que obtengan una financiación pública "relevante". A este respecto, ha ofrecido a la oposición un acuerdo para definir los porcentajes o cuantías mínimas de dinero público que se considera relevante.

Sáenz de Santamaría ha defendido que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno es "urgente" e "inaplazable" para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en la labor de sus gobernantes.

La vicepresidenta ha reiterado la voluntad del PP y del Gobierno para consensuar durante el trámite parlamentario una norma en la que "todos puedan verse reconocidos" y ha confiado en que el capítulo de sanciones de los altos cargos, que provoca el rechazo en los nacionalistas de CiU y el PNV por la supuesta invasión competencial que supone, no sea visto como una "injerencia" de la Administración estatal en las autonómicas y municipales.

En su discurso, se ha mostrado convencida de que esta ley "marcará un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones", y ha subrayado que no es la única reforma política emprendida por el Ejecutivo. "El cambio se impone en todos los niveles y con él un nuevo paradigma institucional que propicie la responsabilidad, la eficiencia, la flexibilidad y la transparencia", ha proclamado.

A su juicio, estas reformas deben servir para "despejar las sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia y falta de eficiencia que en estos momentos no sólo dificultan la capacidad competitiva de España, sino que impiden a los ciudadanos reconocerse en sus instituciones".

IU, UPYD, ERC, BNG Y COMPROMÍS NO SE FÍAN DEL GOBIERNO

Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y parte del Mixto (ERC, BNG y Compromís-Equo) se han reafirmado este lunes en su rechazo al proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información y Buen Gobierno, porque lo consideran insuficientes y no se fían de que el Ejecutivo esté realmente dispuesto a mejorarlo incorporando sus aportaciones.Así lo han asegurado sus distintos portavoces durante sus intervenciones en el debate de las enmiendas de totalidad que habían presentado al texto del Ejecutivo y que se han discutido en el Pleno. Aunque han agradecido a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que haya hecho algunos 'gestos' accediendo a algunas peticiones de la oposición, han explicado que la falta de concreción al respecto, les obligaba a mantenerse en su rechazo al proyecto, que siguen viendo "insuficiente".

Todos ellos han insistido en que la futura norma ha de ser orgánica, es decir, que debe contemplar el derecho de acceso a la información como fundamental, y han remarcado la conveniencia de que el silencio negativo (que permitiría a un ciudadano recurrir si la administración no le contesta pasado un tiempo a su petición de información) se convierta en positivo (por el que se entiende que la no contestación obliga a la publicación del dato demandado).

NO QUEREMOS "REZAR A LOURDES"

En representación de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su ponente Joan Josep Nuet, ha denunciado que el proyecto gubernamental se basa en el criterio de que "no hay que ser transparentes, pero hay que parecerlo" cuando "la transparencia no es publicidad ni propaganda".

Según ha señalado, a diferencia de CiU y PNV que han retirado sus enmiendas a la totalidad, ellos mantienen la suya porque no quiere tener que "rezar a la Virgen de Lourdes" para que los compromisos del Gobierno se plasmen en la ley. "Hasta ahora ha habido mucho ruido y pocas nueces, y lo quiere la sociedad son nueces", ha sentenciado.

Y esas nueces deben concretarse, a su juicio, en lo relativo a la Casa Real, para que se conozca la agenda de sus miembros, sus negocios y su patrimonio y no se dé a los ciudadanos sólo "las migajas" y, la Iglesia, para detalla en "qué invierte esta entidad privada el enorme caudal público con el que se la mantiene". Respecto al Consejo de la Transparencia, ha reclamado que sea plenamente independiente y lo nombre el Congreso.