El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por unanimidad la resolución aprobada por el Parlament para convocar este año un referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha acordado denunciar ante el fiscal a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, por desobediencia.
Para la Generalitat, la decisión del Constitucional "no altera en nada" la "voluntad inequívoca" de organizar el referéndum, según ha afirmado la consellera de la Presidencia, Neus Munté, que ha defendido que su posición viene "reforzada por una mayoría parlamentaria" y una "mayoría social".
El TC ha aceptado el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno contra la resolución del Parlament aprobada el pasado octubre con los votos de Junts pel Sí y la CUP y que preveía la convocatoria de un referéndum como muy tarde en septiembre de 2017.
Aunque el TC no entra a decir si existe o no delito, a raíz de su "deducción de testimonio", el fiscal presentará una querella en los próximos días, con toda probabilidad, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra los demás miembros soberanistas de la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet, por haber permitido la votación de la resolución.
Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al Constitucional y prevaricación al permitir votar en julio del año pasado las conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente catalán.
El TC ha advertido también al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los consellers de su gobierno, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha dicho que las medidas acordadas por el TC "empequeñecen el debate democrático", mientras que Forcadell ha lamentado hoy que "el único diálogo" que ofrecen a Cataluña es "con los tribunales".
La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha avisado de que la decisión del TC de anular una resolución sobre el referéndum "no altera en nada" la "voluntad inequívoca" del Govern de convocarlo.
El portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, ha asegurado asimismo que el "enésimo aviso" del TC no modifica sus planes hacia un referéndum: "No desfalleceremos, no pararemos y seguiremos".
Más allá ha ido el diputado de la CUP Benet Salellas, que ha asegurado que el referéndum se hará "lo quiera o no el TC" y ha dicho al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "saque sus manos corruptas y sus tribunales políticos de Cataluña".
En cambio, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, ha celebrado que los políticos "no tengan privilegios" y ha acusado a los independentistas de judicializar la política al "saltarse las leyes".
La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha considerado "lógica" la decisión del TC ya que "había resoluciones que se salían del marco legal".
El PSC, además, estudia pedir una comisión de investigación sobre las declaraciones del exsenador Santi Vidal si el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, no da explicaciones suficientes mañana en su intervención en una comisión del Parlament y si se tumban las comparecencias de consellers solicitadas.
El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha reiterado que el TC "no es el espacio" para resolver el conflicto catalán y ha destacado que la resolución sobre el referéndum que presentó su grupo no ha sido anulada y "sigue viva".
Por su parte, el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha tildado a las fuerzas independentistas de "totalitarias" y ha afirmado: "Si pudieran tener un Estado independiente, echarían de Cataluña a los catalanes que nos sentimos catalanes y españoles".
García Albiol se ha referido al hecho de que la Fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, recibiera insultos al salir del Palacio de Justicia de Barcelona durante el juicio por la consulta del 9N.
Magaldi ha anunciado que estudia abrir diligencias contra el joven que el pasado viernes la increpó a las puertas del Palacio, donde fue recibida a gritos de "fascista" y "vete de Cataluña".
Munté, por su parte, ha condenado los insultos que recibió Magaldi, si bien los ha enmarcado en el derecho a la "libertad de expresión" y ha denunciado una doble "vara de medir" cuando se trata de ataques que sufren políticos soberanistas.
