El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva contra su suspensión de cargo público decretada por el Tribunal Supremo.
El tribunal de garantías estima en una providencia que "concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" del Tribunal Constitucional.
La decisión de los magistrados se produce un día después del tenso debate entre JxCat y ERC sobre el voto delegado de los seis diputados suspendidos por el Supremo.
Mientras Junqueras y Romeva dirigieron el martes un escrito a la Mesa del Parlament en el que delegaban sus funciones al presidente de su grupo, Sergi Sabrià, los cuatro procesados de JxCat -entre ellos Carles Puigdemont- se negaron al interpretar que el Parlament ya había rechazado la suspensión y que por lo tanto seguía en vigor el voto delegado que ya habían solicitado y ejercido desde la pasada primavera.
Finalmente, ambos partidos llegaron a un acuerdo que consiste en que JxCat registre cuatro documentos, uno por cada uno de sus diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, en los que verifican que es válido el escrito que había registrado anteriormente el portavoz del grupo, Albert Batet, señalando que seguiría asumiendo la delegación de sus votos.
CONSIDERABAN QUE LA DECISIÓN ERA EQUIVALENTE A LA "MUERTE" DE SUS DERECHOS CIVILES
En sus recursos presentados el pasado mes de septiembre, Junqueras y Romeva consideraron que la suspensión suponía "la muerte" de sus derechos políticos y una "vulneración de los derechos de participación política y de libertad de expresión e ideológica" y advirtieron además de que "la Constitución no puede anular las funciones de un diputado electo". En concreto, recurrieron ante el Constitucional los autos en los que el instructor del caso del procés, Pablo Llarena, y después la Sala de lo Penal de Supremo establecían su suspensión de cargo público en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
Ahora, el Tribunal Constitucional pide a la Sala Penal del Tribunal Supremo que remita en un plazo máximo de 10 días la certificación de dichos autos recurridos.
Por su parte, Puigdemont presentó un recurso ante el Tribunal Constituciona contra su procesamiento y suspensión y ahora el tribunal, que ha admitido a trámite el del procesamiento, ha concedido diez días al expresidente de la Generalitat para que presente una demanda separada en relación al segundo asunto.
