El Constitucional suspende la hoja de ruta independentista

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido hoy por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña en la que marca su hoja de ruta hacia la independencia y dar 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para que le informe de su actuación antes de una posible acción contra ella.

Se trata de un primer paso para la posible adopción de medidas contra Forcadell, a la que además se advierte expresamente, como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, sobre su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la suspensión hoy acordada.

En una reunión de apenas hora y media de duración convocada de urgencia por el presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, el Pleno del TC ha admitido a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado.

Esa medida supone la suspensión inmediata de la resolución del Parlament catalán del pasado 27 de julio por un plazo de cinco meses, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.

Deja así sin efecto momentáneo la resolución en la que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 27 de julio -con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP- las conclusiones del denominado proceso constituyente, lo que abre la puerta a una eventual declaración unilateral de independencia, desoyendo el aviso previo en contra del TC.

Esa posible desobediencia ha llevado a los magistrados a dar un paso más allá de la mera suspensión de la resolución y a requerir a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara para que en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento por su parte de la sentencia del 2 de diciembre de 2015 y el auto del pasado 19 de julio del TC.

De esta forma, por vez primera el TC inicia los trámites para "la eventual adopción de las medidas previstas" en el artículo 92 de la ley que regula el funcionamiento del tribunal.

Este precepto permite tomar medidas coercitivas como la multa o la suspensión de las funciones e incluso abrir la vía penal, medida que solicitó el Ejecutivo contra Carme Forcadell por el incumplimiento de las citadas resoluciones con las que el TC paralizaba la resolución independentista catalana.

Fuentes del tribunal han precisado que hoy no se ha abierto esa vía, puesto que, una vez que se reciba el informe requerido o cuando se cumpla el plazo sin que el Parlament haya contestado, se estudiará si se adopta alguna medida y, de ser así, si se opta por la apertura de la vía penal o por alguna de las medidas alternativas posibles.

Pero, además, el Constitucional ha dado una advertencia directa a Carme Forcadell, a Carles Puigdemont y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, sobre su eventual responsabilidad si ignoran la suspensión hoy acordada.

La decisión será notificada personalmente a todos ellos con el aviso "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Asimismo, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña de la petición de nulidad hecha por la Abogacía del Estado respecto a la resolución del Parlamento de Cataluña.

Además acuerda dar a ambas partes un plazo de 20 días para que, de acuerdo con el artículo 92.1.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), formulen las alegaciones que estimen convenientes.

REACCIONES

En cualquier caso, los promotores de la iniciativa independentista ya han advertido de que las decisiones del Constitucional no les van a frenar.

La CUP ha afirmado en un comunicado que "no acatará" la suspensión y seguirá impulsando el proceso constituyente para construir la república catalana.

Antes de que se conociera la decisión, la consellera de Presidencia, Neus Munté, ha indicado que el papel del Constitucional en este proceso "no se entiende en ningún lugar del mundo".

Y tras conocerla, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, ha afirmado que, aunque "continúa la violencia judicial del TC y del Gobierno", no les pararán: "No tenemos miedo, la democracia es imbatible".

Desde el PSOE, la secretaria de Estudios y Programas, Meritxell Batet, ha cuestionado que se judicialice el proceso, lo que no contribuye a encontrar soluciones "verdaderas", que son las políticas.

Un mensaje similar al expresado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien ha calificado de "error" el uso de los tribunales para "intentar resolver cuestiones que tienen que abordarse mediante el diálogo, y el acuerdo político".

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha valorado la "actitud prudente y responsable" del Constitucional y ha pedido a los independentistas "sentido común" y que no "echen más leña al fuego".

Uno de los aludidos por la decisión del TC es el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament y diputado de Ciudadanos (C's), José María Espejo-Saavedra, quien ya ha anunciado que presentará unas alegaciones en las que denunciará que la presidenta de la Cámara catalana "incumplió" su deber y permitió un "fraude de ley".