Consuelo Madrigal aboga por un cambio estatutario que impida al Fiscal General ser "vasallo" del Gobierno

La hasta ahora fiscal del procés Consuelo Madrigal ha abogado por una reforma del estatuto fiscal que impida que, una vez nombrado el fiscal general por el Gobierno, éste se convierta en su "vasallo" y cree que tanto su responsabilidad en las decisiones que toma, como la del resto de fiscales, debería estar regulada.

Madrigal ha hecho estas reflexiones este jueves en un encuentro junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Aragón en torno al diálogo 'Instituciones del Estado Democrático de Derecho' en el que los tres han participado y que ha editado en un libro la Fundación Rafael del Pino.

La fiscal, una de las 17 que se opuso en la Junta de Fiscales a que se aplicase la amnistía a los encausados por el 'procés' en contra del criterio del fiscal general, Álvaro García-Ortiz, ha expuesto la necesidad de abordar esa reforma estatutaria para poder garantizar la imparcialidad en el Ministerio Fiscal.

Y es que, ha destacado, no se puede dejar al talante del fiscal general de turno ni al de cada uno de lo fiscales, sino que hay garantizarlo "como se garantiza la independencia judicial".

Por ello cree que son necesarias "pautas de transparencia, de rendición de cuentas y un catálogo de cuestiones de idoneidad que no puedan ser obviadas" y una serie de condiciones, entre las cuales esta la garantía de la imparcialidad.

Una garantía que quedaría salvaguardada, ha añadido, por "la exigencia de responsabilidad", ya que los fiscales tendrían que responder por sus decisiones cuando estas no sean "minimamente razonables".

Esa circunstancia, ha asegurado, provoca que el fiscal general sea hoy por hoy una isla en cuanto a esa exigencia de responsabilidad, por lo que propone "una regulación más fina de esa responsabilidad".

El presidente del Consejo General del Poder Judicial también ha incidido en la necesidad de defender un modelo de imparcialidad e independencia, en su caso para el poder judicial, para que éste pueda afrontar a su vez "los ataques a su independencia".

En cuanto al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte ha explicado que lo malo de esta situación es la degradación institucional y ha advertido de que a la opinión pública le parece algo muy complejo y que no tiene salida, y eso está perjudicando a la judicatura "cuando no es culpa suya".

"He hecho alguna propuesta, lo he planteado a titulo personal y he advertido de que opinar es una actividad de riesgo", ha ironizado en referencia a que las medidas que ha planteado han dado pie a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las mencione como inspiración para sus planes de renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque, según dijo Guilarte estos días, el jefe del ejecutivo las ha "malinterpretado".

Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, ha considerado que una de las principales amenazas para la democracia es que se falsea la Constitución, lo que enlaza con otra amenaza, ha añadido, que es "la colonización de las instituciones por los partidos políticos" porque destruye la división de poderes.

"Todavía resisten algunas instituciones por fortuna, pero esa es otra de las amenazas en el mundo occidental y en especial en España", ha recalcado.