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Desposeída del ducado que le otorgó su padre y apartada de toda actividad institucional desde hace más de cinco años, la sentencia de la Audiencia de Palma supone para la infanta Cristina tan solo un alivio relativo en un proceso judicial que condiciona el futuro de su marido y, por tanto, el suyo propio.

La condición de infanta de España, que exhibe con orgullo, y su sexto puesto en la línea de sucesión de la Corona, al que nunca ha querido renunciar, entre otros motivos porque se interpretaría como una especie de reconocimiento de culpabilidad, son los únicos títulos que conserva de su vida pasada, cuando su presencia pública suscitaba mayoritariamente simpatía y aplausos.

Han transcurrido casi 20 años desde que la joven hija del Rey Juan Carlos contrajo matrimonio en Barcelona con una respetada figura del balonmano, Iñaki Urdangarin, y entonces se le auguraba a la infanta un brillante futuro, tanto profesional como personal junto a un deportista de éxito.

El sueño se truncó a finales de 2011, cuando su esposo fue excluido de las actividades de la Familia Real ante una inminente imputación en el caso Nóos y el juez José Castro empezó a estrechar el círculo judicial en torno a la infanta hasta que la propia doña Cristina resultó imputada el 3 de abril de 2013.

El enfado de don Juan Carlos ante esa decisión hizo que la Casa del Rey mostrara públicamente su "sorpresa" por "el cambio de posición" del juez y su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía de recurrirla, una reacción que contrasta con el escueto y neutral "respeto a la independencia del poder judicial" propio de esta institución desde la llegada de Felipe VI hasta el día de hoy.

Lejos quedaba ya aquella primavera de 2009, cuando se anunció el traslado del matrimonio Urdangarin-Borbón, con sus cuatro hijos, de Barcelona a Washington, donde el entonces libre de toda sospecha duque de Palma había recibido una propuesta para ejercer el cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica.

En aquel momento, eran percibidos por la mayoría como la pareja perfecta, querida e incluso envidiada, que se había visto unida por el deporte en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, donde la hija menor del Rey había conocido a un atractivo jugador de balonmano que conquistó la medalla de bronce con el equipo nacional.

Aficionada a la vela, como su padre y sus hermanos, había competido en los Juegos de Seúl 1988, en cuya inauguración fue la imagen que representó al deporte español como abanderada del equipo olímpico cuatro años antes de que lo hiciera su hermano, don Felipe, en los siguientes Juegos Olímpicos, que culminaron la proyección internacional de Barcelona y España en 1992.

Nacida en Madrid en junio de 1965 y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, fijó aquel decisivo 1992 su residencia en Barcelona, en un principio para un periodo de seis meses, con el fin de participar en la Organización del Campeonato Mundial de Vela Adaptada, aunque esa temporalidad se prolongó diecisiete años.

En 1990 había cursado un máster en Relaciones Internacionales en Nueva York, un año después trabajó en París con una beca de formación en la UNESCO y en 1993 entró a formar parte de la plantilla de la Fundación la Caixa, para la que actualmente coordina los programas con agencias de la ONU desde Ginebra, donde el matrimonio vive desde el verano de 2013.

Durante el largo vía crucis judicial iniciado hace cinco años, la Reina Sofía ha mostrado públicamente un apoyo familiar sin fisuras a su hija y su yerno, a quienes ha visitado en numerosas ocasiones, mientras doña Cristina acababa por limitar sus apariciones públicas a ceremonias familiares señaladas, además de sus dos comparecencias judiciales en febrero de 2014 y marzo de 2016.

En todo este tiempo, la infanta ha demostrado la tenacidad y fortaleza de su carácter frente a una opinión pública adversa, crecientes voces políticas e institucionales partidarias de retirarle distinciones honoríficas e innumerables rumores sobre el futuro de su matrimonio.

Su ausencia de toda actividad institucional se hizo especialmente patente con la abdicación de su padre y la proclamación de don Felipe, a las que no asistió, a diferencia de la infanta Elena, y el distanciamiento de su hermano quedó de relieve cuando en junio de 2015 le retiró el título de Duquesa de Palma y la Casa del Rey negó que hubiera renunciado al ducado por propia iniciativa, como ella sostenía.

Felipe VI, que al acceder al Trono impulsó un conjunto de iniciativas sin precedentes para garantizar la transparencia económica de la Casa del Rey, actuaba así en coherencia con el compromiso asumido en su discurso de proclamación, cuando subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".