La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido este martes al Gobierno que el proceso de arbitraje para los afectados por una mala comercialización de participaciones preferentes sea universal e independiente, y que dé satisfacción al mayor número posible de afectados, que "deben recuperar su inversión".
Así lo ha manifestado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo, celebrada en la Cámara Baja, donde Becerril ha presentado el informe 'Participaciones preferentes: actuaciones y propuestas', redactado por el organismo.
En este sentido, Becerril ha señalado que el perfil del afectado por este problema es el de personas mayores con un perfil adverso al riesgo y "poco acostumbrado a adquirir productos financieros tan complejos y sofisticados" y que han recibido "una muy insuficiente información". De hecho, según ha dicho, la mayor parte de quienes han presentado las 1.764 quejas ante el Defensor del Pueblo sobre este asunto son ciudadanos que escaso acceso a otros recursos como el judicial.
RECOMENDACIONES
Esto llevó al Defensor a realizar este estudio, que incluye recomendaciones a las diferentes administraciones públicas para atender a los afectados. Por una parte, se plantean "medidas preventivas, todas sobre dar una información correcta porque muchos de los afectados no conocían los riesgos", y, por otra parte, se proponen "medidas paliativas, que son las más acuciantes para dar satisfacción o no a los tenedores de preferentes".
En concreto, entre las recomendaciones paliativas del departamento que dirige Becerril destaca la petición de "un arbitraje universal al que pueda acudir todo aquél que quiera, y que el órgano que lo canalice sea independiente, porque si depende de la entidad bancaria jugará a favor de la entidad".
Además, Soledad Becerril se ha comprometido a que el Defensor del Pueblo siga estando "muy atento" al procedimiento conforme vaya avanzando para ver "qué pasa y qué queda fuera" del filtro establecido por el Gobierno para acceder al arbitraje, así como para conocer "qué soluciones se van dando y si son razonablemente satisfactorias".
"Estamos en ello, no vamos a dejar este asunto, lo seguiremos con mucho interés y nos parece que el arbitraje al final debe dar satisfacción al mayor número de personas que, razonablemente, deben recuperar la inversión. Habrá quien sabía lo que compraba, pero hay que discernir quiénes no lo sabían por ingenuidad, falta de información o, directamente, engaño", ha apostillado.
CRIBA GUBERNAMENTAL
Con respecto a los requisitos fijados por la comisión de seguimiento de las preferentes constituida por el Ejecutivo, que son los que determinan quiénes pueden acceder al arbitraje y quiénes no, el Defensor del Pueblo envió hace unas semanas algunas preguntas al Ministerio de Economía para aclarar algunas dudas.
El pasado viernes, 24 de mayo, Becerril recibió la respuesta del departamento que dirige Luis de Guindos, que en primer lugar precisión que los criterios "no son acumulativos, sino alternativos". Es decir, que "no es necesario cumplir con un número determinado" sino únicamente alguno de ellos.
En particular, la respuesta ministerial hace referencia a dos de los requisitos, como son que haya habido falta de información o información incorrecta, que para Economía es "un elemento fundamental" a la hora de ver si se pasa la criba o no; o conocer el patrimonio del inversor y dónde lo tiene 'colocado', para "saber el perfil de la persona" y determinar si tenían suficientes conocimientos para contratar este tipo de productos.
El Defensor también planteó a Economía su temor a que algunos de estos requisitos fueran excesivamente "restrictivos", a lo que el Ministerio ha contestado que son "criterios básicos para que los titulares de preferentes queden adecuadamente compensados del perjuicio económico soportado", según ha leído Becerril. "Claro, adecuadamente es algo interpretable", ha dicho, defendiendo una vez más la necesidad de que los estafados recuperen su inversión.
Finalmente, el Ejecutivo también ha defendido en su respuesta al Defensor la decisión de priorizar las soluciones para quienes invirtieron menos de 10.000 euros, algo que "no impide que los titulares de una inversión superior puedan acceder también" al arbitraje y que "beneficiará a más de 115.000 afectados, el 61% del total", según datos de Economía aportados por la defensora del Pueblo.
DEFENSA DE LA CNMV
Finalmente, Soledad Becerril ha defendido la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en todo este problema, alegando que en 2008 "advirtió a las entidades del riesgo de estos productos" aunque "la mayoría no hicieron caso".
"La Comisión actuó, hay que decir la verdad, pero la mayor parte de las entidades no reaccionaron y siguieron vendiendo estos productos", ha insistido, recordando además que este tipo de productos es "legal" y que durante los años de bonanza, cuando "los tenedores recibían sus remuneraciones y quedaban satisfechos", no hubo quejas al respecto.
