La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso "para explicar las gestiones realizadas por el Ministerio para defender ante un tribunal civil belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial".
Así lo ha anunciado el Ministerio horas después de que el PP haya exigido la dimisión de Delgado o su cese por el presidente del Gobierno por su "inacción" en la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -instructor de la causa del 'procés'- que ha sido demandado en Bélgica por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos catalanes fugados, que le acusan de falta de imparcialidad.
Reclama además el PP al Ejecutivo que ofrezca disculpas públicas al magistrado.
Los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, habían anunciado una interpelación a la ministra en el Senado sobre este asunto, tras la cual presentarán una moción para reprobar a la titular de Justicia si aún sigue en su puesto. Una propuesta similar se presentaría después en el Congreso.
Delgado negó este lunes en una entrevista radiofónica que se hubiera producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y aseguró que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias".
En dicha ocasión incidió en que no existió ningún un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia".
Según explicó en alusión a la polémica generada en los últimos días es que e han publicado "determinadas informaciones" no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.
