La asociación Derecho a Vivir exigió este martes que sean psiquiatras de la sanidad pública los que tengan que emitir informes favorables a la interrupción del embarazo, y que no salga adelante el "coladero al fraude de ley" en que teme que puede convertirse la autorización de gabinetes psicológicos privados que prevé el anteproyecto regulador del aborto.
Durante una rueda de prensa para valorar la norma que ha presentado el Ministerio de Justicia, Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, señaló este punto como uno de los que su entidad considera capital para impedir que la nueva ley se convierta en una nueva herramienta para "el negocio abortista", que está siendo "el más boyante en tiempos de crisis".
Derecho a Vivir cree que debe eliminarse el supuesto de riesgo para la salud psicológica para la madre porque es algo "muy laxo" y que el informe deberían emitirlo psiquiatras del sistema público y no psicólogos. "Con la ley, existe el riesgo de que afloren gabinetes psicológicos que emitan informes favorables", dijo Joya.
Derecho a Vivir reclama al Gobierno una modificación del anteproyecto, y al mismo tiempo, un plan de ayuda a la mujer embarazada con dotación presupuestaria y un plan de adopción nacional, para impedir que las cifras de aborto sigan siendo tan "escandalosamente" altas, superiores a las 100.000 interrupciones al año.
La plataforma, Gádor Joya, ha celebrado en rueda de prensa el descenso en la cifra de abortos de 2012 respecto al año anterior, porque son "cerca de 6.000 niños menos los que han escapado a la tragedia del aborto".
En todo caso, considera que este sentimiento "positivo" no es incompatible con afirmar que más de 112.000 abortos en un año sigue siendo "una cifra escandalosa, que debe avergonzar a una sociedad moderna y de progreso".
En este contexto ha enmarcado la solicitud de que el Gobierno elimine el supuesto del riesgo para la salud psicológica de la mujer para que la bajada sea más significativa. Para Derecho a Vivir "si no hay voluntad política, tanto la promesa electoral como la aprobación del anteproyecto de ley quedarían en papel mojado".
Además, ha añadido que el "mejor año" de la 'Ley Aído' es "más dramático que el peor de los años de la ley de 1985" por lo que no achaca a "una supuesta bondad" de la ley de 2010 al descenso de las cifras en 2012, sino que para Joya, esto se debe a que hay una caída de población fértil, sobre todo extranjera. Al mimo tiempo, ha subrayado que el negocio del aborto crece y ha aumentado el número de establecimientos para una facturación estimada superior a los 56 millones de euros sólo en 2012.
Igualmente, Derecho a Vivir ha recordado que, pese al descenso de cifras en 2012, en 2011 aumentaron en 5.238 y que la relación del número de abortos respecto al de nacimientos, así como el porcentaje de abortos sobre el total de embarazos es más de dos puntos superior a 2009, último año de la aplicación de la ley de 1985 durante un año completo.
