Desalojados cuatro concejales cuando intentaban paralizar un desahucio en Cádiz

Una comisión judicial ha llevado a cabo el desalojo de una familia de la casa en la que vivían en Cádiz en régimen de alquiler, en un desahucio que se ha ejecutado después de que la Policía desalojara a varias personas que trataban de impedirlo, entre ellas cuatro concejales de Por Cádiz sí se puede.

El alcalde Cádiz, José María González Santos, Kichi, que también ha acudido al lugar para intentar mediar, ha confesado sentir una "gran impotencia" por no haber podido evitar el desahucio de esta familia, una pareja y una hija de 16 años, que se ha trasladado a un hostal sufragado con ayuda municipal en tanto se encuentra otra solución para ella.

El concejal de Ganemos Cádiz, Martín Vila, que también ha participado en la movilización para evitar el desalojo de la familia, ha considerado "desproporcionado" el despliegue policial que ha intervenido para auxiliar a la comisión judicial. La Policía ha intervenido para abrir paso a la comisión judicial que llevaba a cabo este desahucio, que el pasado 2 de junio fue pospuesto hasta hoy tras otra movilización popular para evitarlo.

Los agentes han desalojado a varias personas que habían formado una cadena humana para evitar este desahucio, entre ellos los cuatro concejales de Por Cádiz sí se puede David Navarro, Ana Camelo,

Laura Jiménez y Adrián Martínez, para que la comisión judicial pudiera acceder a la vivienda y notificar a la familia este paso.

Uno de los concejales, Adrián Martínez, ha sido desalojado "en volandas" por tres agentes que le han sujetado por las piernas y los brazos ya que el edil se negaba a abandonar el lugar.

La Policía Nacional ha dispuesto un coche a cada lado de la calle, una vía estrecha del centro de la capital, que ha estado cortada al tráfico durante el tiempo que ha durado el alzamiento, y únicamente ha

permitido la entrada a la vivienda al alcalde de Cádiz, que ha intentado mediar con los agentes y con la propiedad de la finca para retrasar el desalojo, algo que finalmente no ha logrado.

González Santos se ha encargado personalmente de pedir un taxi para la familia, que salía del inmueble con poco equipaje, y les ha acompañado hasta una pensión de la ciudad en la que hoy se alojarán.

A su salida el alcalde ha manifestado a los medios de comunicación sentir una "gran impotencia" y ha culpabilizado a la propiedad de la vivienda, que lleva dos años sin cobrar la renta, de no tener la voluntad suficiente para lograr un aplazamiento de las medidas ordenadas por el juzgado.

La familia vivía en este piso bajo desde hace más de 25 años con un contrato de renta antigua, que el año pasado terminó y fue sustituido por otro que supuso un incremento del precio del alquiler que la familia no puede afrontar, lo que llevó a que se iniciara este procedimiento de desahucio.