Detenida la abogada Arantza Zulueta en relación con los zulos de Francia

La abogada Arantza Zulueta, que habitualmente defiende a presos de ETA, ha sido detenida en Hernani (Guipuzkoa) por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que el jueves le tomara declaración por su presunta relación con los zulos de la banda hallados en Francia. Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que han precisado que el arresto de Zulueta, que está en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros tras ser detenida por su presunta pertenencia al órgano de control de los presos de ETA, Halboka, ha sido llevado a cabo por la Guardia Civil cuando la abogada se encontraba en un restaurante de la localidad guipuzcoana.

Fuentes jurídicas han señalado que su detención ahora está relacionada con la documentación que se halló en su despacho tras ser arrestada en abril de 2010, donde se incautó documentación en la que aparecía un croquis con los tres zulos localizados ayer en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos con armas y explosivos.

Zulueta esta siendo trasladada esta tarde a Madrid y el jueves será puesta a disposición de Grande-Marlaska, que celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para adoptar medidas cautelares.

La abogada, que recientemente ha defendido a uno de los ocho acusados de intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune, estaba en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde el pasado 2 de diciembre, al igual que los abogados de ETA Jon Enparantza e Iker Sarriegi, arrestados en la misma operación.

Además, Zuleta tenía la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado y la prohibición de abandonar el país sin previa autorización judicial, por lo que el juez le retiró el pasaporte.

El juez basó su decisión de enviarles a prisión en la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, "Thierry", responsable del aparato político de ETA, detenido en mayo del 2008 en Burdeos, así como de los efectos aprehendidos en poder de los detenidos, entre los que figuraba la "comunicación orgánica".

Grande-Marlaska también investiga la presunta participación de Zulueta en el cobro por parte de la banda del llamado "impuesto revolucionario" en unas diligencias que abrió a raíz de las incoadas para investigarla como "enlace" entre ETA y sus presos.