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Dos periodistas cuyos medios de comunicación publicaron las informaciones sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, que Manos Limpias incluyó en la querella que interpuso contra ella por tráfico de influencias, han ratificado que las noticias que publicaron eran veraces.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tomado declaración este viernes como testigos al director de El Confidencial, Ignacio Cardero, y al director de Esdiario.com, Francisco Mercado, en las diligencias de investigación que abrió contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia de Manos Limpias por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que se basó en informaciones periodísticas.

Cardero ha explicado a la prensa al salir de los juzgados que se ha ratificado en que las informaciones que se publicaron estaban confirmadas, aunque no ha podido dar detalles sobre su declaración porque la causa está bajo secreto y el magistrado Juan Carlos Peinado así se lo ha recordado.

"Me he ratificado en que queremos garantizar el interés general y en la veracidad de las informaciones publicadas por El Confidencial, y en el derecho fundamental de los ciudadanos a estar bien informados", ha explicado, destacando la intención de su medio es colaborar con la justicia.

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Por su parte Francisco Mercado no ha hecho declaraciones a los periodistas aun que fuentes jurídicas han explicado a EFE que también ha ratificado la veracidad de esas informaciones.

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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al exministro socialista Antonio Camacho como su abogado en la causa que un juzgado de Madrid ha abierto a raíz de la denuncia que presentó Manos Limpias en su contra por presunto tráfico de influencias.

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El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió en abril diligencias de investigación a raíz de la denuncia de Manos Limpias por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que se basaba en informaciones periodísticas.

Luego el autodenominado sindicato ha ampliado la denuncia en varias ocasiones.Manos Limpias, que anunció que transformará la denuncia en querella para poder personarse como acusación popular, expuso inicialmente que Begoña Gómez, "prevaliéndose" de su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría recomendado o avalado "por carta de recomendación, con su firma" a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.

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Señala que el empresario Carlos Barrabés resultó adjudicatario de licitaciones públicas por importe de 10 millones de euros y organizó más tarde un máster que dirige Begoña Gómez, y también menciona al empresario Víctor de Aldama -uno de los principales investigados en el denominado caso Koldo-, a quien sitúa como el "contacto" de Gómez con la empresa Globalia y de quien asegura que ganó 6,67 millones de euros.

La admisión a trámite de la denuncia, que se conoció el 24 de abril, provocó que Pedro Sánchez anunciara ese mismo día, en una carta dirigida a la ciudadanía, que se tomaba unos días para reflexionar sobre si renunciaba o no a la jefatura del Ejecutivo, tras lo que explicó que seguiría.

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Tras esta decisión, Manos Limpias amplió su denuncia con un informe con documentación sobre un supuesto trato de favor a Globalia por el Ejecutivo, tras los contactos de Begoña Gómez con su exconsejero delegado Javier Hidalgo, en el que hay datos que "suponen que el presidente del Gobierno era conocedor, cómplice, cooperador necesario o encubridor de los negocios de su esposa", según explicó el secretario general, Miguel Bernad.

El colectivo detalló que Pedro Sánchez debió de inhibirse de las reuniones del Consejo de Ministros en las que se acordaron las ayudas para rescatar a Globalia tras la crisis producida por la pandemia de coronavirus.

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En una ampliación de denuncia posterior Manos Limpias solicitó al juzgado que considerara cooperadores necesarios de los denunciados a Carlos Barrabés, Victor Aldama y Javier Hidalgo, y luego solicitó que se le retirara el pasaporte a Begoña Gómez, no por riesgo de fuga sino porque podría "aprovechar sus contactos internacionales para obstaculizar o incluso destruir pruebas".