ERC avisa que no apoyará los Presupuestos si no se reforma el delito de sedición

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este martes de que no entrará a negociar con el Gobierno los Presupuestos para 2023 si no se dan pasos para "poner justicia donde hay injusticia", dando a entender que no lo harán si no hay avances en el compromiso alcanzado con el Ejecutivo de "desjudicialización" del conflicto catalán, lo que pasa por una reforma del delito de sedición.

"El PSOE y también Unidas Podemos, por qué no decirlo, ya que a veces se ponen de perfil, saben perfectamente lo que ERC plantea antes de empezar a hablar del contenido de los Presupuestos", ha comentado en rueda de prensa, al ser preguntado si ponen como condición para negociar un acuerdo sobre la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza'.

Rufián ha dejado claro que, para que ERC apoye las cuentas públicas, éstas tendrán que tener un contenido "eminentemente social", pero ha incidido en que para esa negociación previa se deben abordar antes las demandas que su formación ha puesto sobre la mesa.

El portavoz de la formación independentista ha evitado dar detalles sobre sus peticiones previas. "No vamos a verbalizarlo por respeto a las negociaciones", ha dicho, añadiendo que hacerlo podría utilizarse como la "gran excusa" para no abordarlas.

"Se trataría de poner justicia donde hay injusticia", se ha limitado a apuntar, recalcando que los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición "saben perfectamente lo que tienen que hacer". "Si incumplen será muy difícil empezar a hablar de Presupuestos", ha apostillado.

A finales del pasado mes de julio, en el marco de la mesa de diálogo sobre Cataluña, el Gobierno central y el catalán acordaron impulsar reformas legislativas para "superar la judicialización" del conflicto político y también sus "efectos" y manifestaron su voluntad de que éstas puedan ser aprobadas antes de final de año.

Fuentes de ERC han recordado este martes que esas reformas legislativas, que en principio afectarían a los delitos de rebelión y sedición, llevan meses sobre la mesa y que, además están sujetas a ese calendario fijado en julio.