La juez de los ERE investiga cuentas de CCOO y UGT en Andalucía y País Vasco

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido información sobre las cuentas con las que operan siete federaciones de UGT y CCOO en Andalucía y el País Vasco, y sobre los productos contratados por familiares de Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y del "conseguidor" Juan Lanzas.

La juez Mercedes Alaya ha emprendido esta investigación tras un atestado de la Guardia Civil, según el cual, los intermediarios en los ERE cobraron a la Junta sobrecomisiones que ascendieron a 18.065.630 euros, lo que equivale al 13,6 por ciento del importe de las pólizas investigadas, pese a que la media del mercado era del 4,6 por ciento.

Los sindicatos y sus entornos societarios recibieron de las mediadoras más de siete millones de euros, "indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas", según el atestado al que ha tenido acceso Efe.

Por ello, la juez pide información sobre las cuentas con las que operan la Federación de Industria de CCOO-Andalucía, la Federación Agroalimentaria andaluza, CCOO del País Vasco, la Federación Agroalimentaria de UGT-Cádiz, la Federación Andaluza del Metal de UGT, la Federación de Industria de UGT-A y el sindicato UGT del País Vasco, así como sobre las cuentas de enlace con sus respectivas federaciones a nivel regional y estatal.

Alaya recuerda que los pagos de las mediadoras a los sindicatos se hacían a veces directamente y otras a través de sus empresas Atlantis Asesores, en el caso de CCOO, y ASP Asesoramiento, ITG y Temique para UGT.

Precisa el auto que, según la Guardia Civil, "el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras no coincide con la cantidad de pagos que estas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos".

El atestado policial notificado hoy a las partes afirma que las sobrecomisiones que se cobraban a la Junta eran objeto de un "proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero, para su reintroducción en el mercado económico".

Para el "trasvase de los fondos indiciariamente de origen ilícito", el "conseguidor" Juan Lanzas utilizó a su hija María Lorena y las empresas Canal Baeza y La Loma S.L., así como la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, de la que era presidente y que pidió ayudas públicas a la Junta.

El exdelegado de la Junta Antonio Rivas, que está citado a declarar ante Alaya este próximo viernes, tuvo a la pareja de su hijo, María del Carmen Borrego, trabajando para las empresas de Lanzas Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, según otro de los aspectos que recoge el auto.

La juez entiende que las últimas investigaciones de la Guardia Civil han dado un "paso cualitativo" para aclarar el presunto delito de blanqueo de capitales, en el que los imputados contaban "con la probable colaboración de directores de sucursales bancarias", de los que hasta ahora no ha sido imputado ninguno, aunque la juez ha pedido información sobre varias sucursales sevillanas.

FONDOS DE FORMACIÓN PARA SUFRAGAR UNA SEDE CONJUNTA DE UGT Y PSOE EN LOPERA

320.000 euros es el coste de la Casa del Pueblo que el PSOE y UGT comparten en la localidad jienense de Lopera. Un dinero que la Junta de de Andalucía concedió al sindicato para cursos de formación y que finalmente se utilizó para construir una sede que ahora también pertenece al Partido socialista.

Una sede que construyó el sindicato de Cándido Médez con dinero para la formación de la Junta de Andalucía.